El Gobierno quiere acabar con los resquicios legales que han permitido la presentación en anteriores comicios de listas electorales vinculadas a la izquierda aberzale que apoya a ETA. Para ello, el Consejo de Ministros examinará hoy un informe que contempla modificar la ley electoral para que los electos en candidaturas que sean declaradas ilegales puedan perder su cargos. También se cambiaría la ley de partidos del año 2002 para ampliar el plazo de presentación de impugnaciones a las listas más allá del inicio de la campaña.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comunicó ayer sus intenciones al coordinador de libertades públicas y de justicia del PP, Federico Trillo. Dado que el texto del futuro proyecto de ley aún no se ha dado a conocer, el PP evitó ayer pronunciarse sobre esta iniciativa, aunque fuentes populares aseguraron que el Gobierno insiste en que responde a las exigencias de los conservadores sobre esta cuestión.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya había anunciado que se estaba trabajando en reformas legislativas orientadas a impedir que Batasuna, o alguna de sus marcas blancas, se cuele en las próximas elecciones.

OTEGI SEGUIRA EN PRISION Por otra parte, la Audiencia Nacional denegó ayer la petición de libertad provisional planteada por Arnaldo Otegi con el argumento de que así se evitará la "reiteración delictiva" del exportavoz de Batasuna. El tribunal considera más importante este motivo que otros, como el riesgo de fuga, porque el líder aberzale ya ha contravenido otras veces medidas cautelares. Otegi, en prisión desde hace más de cinco meses, alegó que debía cuidar a su padre y a su esposa, ambos enfermos, y que su hija sufría "un estado anímico melancólico". Para los jueces esas son situaciones habituales que van unidas a este tipo de reclusión.