El sector social no puede esperar más. La pobreza cronificada como herencia de la crisis, el miedo a una nueva recesión y un año sin Presupuestos abocan a las oenegés a pedir medidas urgentes al futuro Gobierno central. Los retos están más que claros. Mas de medio millón de hogares sobreviven sin ningún ingreso, España lidera el índice de pobreza infantil en Europa, las listas de espera de la dependencia suman ya 400.000 personas y el precio de la vivienda dispara los desahucios, con 164 ejecuciones diarias. Para empezar, todo el tercer sector exige, ya de forma abierta, una renta mínima de ingresos de cobertura estatal, y que las diferentes comunidades autónomas la puedan ir complementando.

La convocatoria electoral paralizó la aprobación de tres leyes que el sector considera «esenciales». Primero, la ley contra la violencia infantil, que debe proteger los menores en caso de abuso y agresión sexual. Segundo, la ley de vivienda que logró entrar en el Congreso pero tampoco fue aprobada y que prevé proteger a las personas pobres que son expulsadas de sus casas sin ninguna alternativa. Y tercero, la ley estatal de derechos LGTBI, con el propósito de blindar los derechos de las personas homosexuales, transexuales, bisexuales e intersexuales.

También hay consenso en las entidades en la necesidad de ampliar la prestación por hijo a cargo, tanto en aumentar la prestación y el número de hogares que la perciben como de asegurar que todos los padres puedan llevar a los niños a la guardería, especialmente aquellos que ahora no se lo pueden permitir por cuestiones económicas. El sector también clama por un incremento presupuestario para que el Estado pague la dependencia que le pertoca, que es el 50% de la inversión. Y en definitiva, que la inversión social vaya creciendo de forma exponencial año tras año hasta conseguir, al menos, revertir los recortes de hace una década.

Queda también en el tintero el fin de las devoluciones en caliente, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y la modificación de la ley de estranjería para agilizar los trámites y facilitar que las personas migrantes se puedan incorporar al mercado de trabajo antes de que acaben en la exclusión social. También se reclama más apoyo a los refugiados y a los menores no acompañados, tras el colapso evidente de la Administración.

Todas estas demandas las entidades sociales se las saben de memoria. Fueron las mismas reclamaciones que hicieron llegar a los partidos en las dos últimas campañas electorales, y que ahora, con el anuncio del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, han vuelto a enviar. Algunos, como Save The Children, han añadido pasas a la carta que han enviado a las fuerzas políticas progresistas. «Dicen que van muy bien para la memoria, para que no se les olvide», explican fuentes de la oenegé. Preguntados por este diario, los actores de la sociedad civil creen que es poniendo dinero en aquellos que menos tienen como realmente se combate un fascismo que va ganando adeptos.