El malestar de las autonomías con el Gobierno por la desescalada del confinamiento no se disimuló ayer en la novena conferencia de presidentes, celebrada en puertas de que media España pase a un régimen más relajado en la lucha contra el coronavirus. Varias comunidades, como Andalucía y Valencia, se sienten agraviadas al no haber pasado todo su territorio a la fase 1, mientras Madrid critica que deba continuar en la fase 0. La cita sirvió para que los mandatarios autonómicos transmitieran sus quejas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien dio nuevas pistas sobre el fondo autonómico no reembolsable y esbozó una alternativa al estado de alarma.
«Si estuvierais en mi lugar, querríais levantar cuanto antes el estado de alarma. Vamos a plantear a los grupos parlamentarios, cuando hayamos controlado la epidemia, una fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes. Un acuerdo de gobernanza donde estéis vosotros y nosotros», dijo el presidente del Gobierno, según fuentes presentes en la cita telemática. Sánchez aludió a la ley de salud pública, del 2011, y a la ley de sanidad, de 1986, entre las normas cuya modificación estudia. Pero también advirtió: «Ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos».
La Moncloa quiere mantener el estado de alarma al menos un mes y medio más, objetivo que conlleva solicitar otras dos prórrogas de 15 días, ya que la actual expira el próximo 24 de mayo. Esta extensión fue aprobada el pasado miércoles por el Congreso con algunas dificultades, gracias al apoyo de Cs y el PNV. El Gobierno no tiene asegurada la reválida de ese respaldo, pero aduce que por ahora no hay ninguna opción distinta, porque las otras fórmulas jurídicas conllevarían problemas a la hora de aplicar el confinamiento.
«El estado de alarma es el único instrumento constitucional cuando se trata de restringir derechos fundamentales como la movilidad de los ciudadanos. Tendrá que estar vigente mientras la movilidad esté restringida», dijo después, en rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. Sánchez, que intenta no entrar en controversias con la oposición y el resto de administraciones (ese rol lo desempeñan otros miembros del Gobierno y del PSOE), ofreció concreciones sobre el fondo autonómico de 16.000 millones. Se dividirá en cuatro tramos. El primero, de hasta 6.000 millones, se pagará en julio con arreglo a criterios de gasto sanitario. El segundo, de hasta 4.000 millones, se repartirá según los gastos sanitarios de octubre y se pagará en noviembre. El tercero, de hasta 1.000 millones y a abonar también en noviembre, de acuerdo al gasto social de cada autonomía. Y el cuarto, de hasta 5.000 millones, según la caída de la actividad económica.
Sus anuncios no lograron aplacar el malestar de varias comunidades. El socialista valenciano Ximo Puig se quejó de que el Gobierno no había justificado por qué todo su territorio no pasará hoy a la fase 1.
El andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, denunció «diferencias de trato» respecto a otras autonomías y consideró «difícil de entender» que distritos sanitarios como la Costa del Sol vayan a quedarse todavía en la fase 0, cuando otros territorios con «incidencias más elevadas» sí darán el salto.
El president Quim Torra satisfecho con que se aceptara su petición de desconfinar por áreas sanitarias, propuso un plan para los próximos tres meses a fin de «salvar» la economía, «interviniendo y gastando» sin pensar en el déficit.
Todo, en un escenario con una palabra tabú: rebrote. ¿Cómo evitarlo? Una de la claves es el requisito más exigente de Sanidad. Los sintomáticos deben someterse a pruebas PCR y tener los resultados en un plazo máximo de 48 horas desde que aparecieron los primeros indicios.
