La estabilidad en el empleo público ha convertido a los funcionarios, en un momento de crisis y pérdida de puestos de trabajo como el actual, en uno de los principales colectivos de trabajadores a los que se le exige un "esfuerzo de solidaridad", ya sea con recortes de sueldos o con una reducción de la plantilla. El tópico fácil dice que en España sobran funcionarios, sin especificar a qué se dedica la mayor parte: trabajos vinculados al mantenimiento del Estado del bienestar, como la sanidad, la educación, la seguridad, la justicia y los servicios sociales. Pero la imagen del burócrata persiste sobre las demás y sitúa a la función pública española en el disparadero, cuando no es una de las más numerosas de Europa.

Uno de los objetivos del pacto económico para superar la recesión que se ha fijado el Gobierno es la reducción de los costes de personal de la función pública en un 4% hasta el 2013. Aunque la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya subrayó en el Congreso el martes que esa rebaja no se haría tocando los sueldos de los funcionarios ni restando servicios públicos, sino mediante una labor de racionalización pactada con los sindicatos. En todo caso, dejó muy claro que, con los datos en la mano, la función pública en España "no está sobredimensionada", sino al contrario, todavía faltan empleados públicos aunque redistribuidos de forma diferente a la actual.

COMPARACION CON EUROPA Otro tópico que cae ante las cifras es el de que España es un país de funcionarios. Solo hay que hacer una comparación con otros estados europeos para comprobar que no es así. En Finlandia, ejemplar por sus servicios públicos, hay un empleado público por cada 4,5 personas en activo. En el Reino Unido, por cada funcionario hay 5,26 personas en activo. Cifras para reflexionar frente a los ocho trabajadores del sector privado que tiene España por cada uno del público.

Pero una cosa es que no sobren funcionarios y otra que los que hay estén trabajando en lo que más conviene o necesiten adaptarse a un tipo de Administración más moderna y eficaz. Y en esa labor está puesto el Gobierno: planes de racionalización y de optimización de plantillas.

En ningún caso se contemplan reducciones de personal, aunque sí fórmulas para evitar que crezca la plantilla. La medida más concreta en este sentido es la reducción de la tasa de reposición, el porcentaje de plazas a cubrir cuando vayan quedando vacías por jubilaciones o similares. Según De la Vega, aplicando esta medida con rigor reduciría el coste de personal un 5% hasta el 2013, aunque por razones obvias de funcionamiento de la Administración no sería aplicable al 100%, ya que algunos de los servicios básicos podrían quedar desatendidos.

En los tres últimos años de gobierno del PP, los conservadores aplicaron unas tasas de reposición bajísimas, del 25%. Con la llegada de los socialistas, la reposición fue del 100% entre el 2003 y el 2008. Pero la recesión hizo mella en la Administración y en el 2009 se limitó esa tasa de reposición al 30%, y para este año se ha dejado en el 15%. Eso sí, con las exclusiones de justicia, educación, sanidad, políticas de ocupación y prisiones. La aplicación de esta medida es el mejor ejemplo de políticas muy diferenciadas al promover los servicios públicos: los ejecutivos de izquierdas limitan el crecimiento de la función pública en épocas de crisis, mientras que los más liberales intentan reducir el peso del Estado en cualquier circunstancia.

TOPICO FALSO Si bien es cierto que la plaza de funcionario es para toda la vida, no es sinónimo de estabilidad. Según un estudio del sindicato CCOO, en Cataluña la tasa de temporalidad en el sector público supera a la del sector privado. Así, en el primer semestre del 2009, mientras que entre los trabajadores del sector privado el 16,6% eran temporales, en el público eran el 24,8%. La media española era del 24,9%. En el pacto entre Gobierno y sindicatos de septiembre se acordó bajarla al 8%.