España y Francia efectuarán antes de fin de año la primera expulsión conjunta de inmigrantes sin papeles desde la Unión Europea. Así lo anunció ayer José María Aznar en Málaga al término de la 15 cumbre hispano-francesa, en la que los dos países firmaron también un protocolo que permitirá a la policía española el acceso inmediato a toda la documentación e información que se obtenga de etarras detenidos en territorio francés.
En rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Jacques Chirac, el jefe del Ejecutivo español anunció que "se ha llegado a la decisión de que pueda haber operaciones conjuntas antes de fin de año para que Francia y España puedan expulsar a ilegales ".
FINANCIACION
El presidente no ofreció detalles sobre cómo se articulará la operación. Los ministros de Justicia de los dos países, el español Angel Acebes y el francés Nicolas Sarkozi, firmaron en el marco de la cumbre una declaración que arroja alguna luz en este aspecto, Así, el documento señala que España y Francia "comparten el objetivo" de obtener financiación de la UE para sufragar las deportaciones conjuntas.
Además, resalta que Francia se ha ofrecido para acoger en su territorio un "centro de coordinación de devoluciones agrupadas", un eufemismo de lo que será un centro de detención de inmigrantes para su posterior expulsión a sus países de origen. Los titulares de Interior presentaron la iniciativa como la puesta en marcha del plan para la gestión de fronteras exteriores de la Unión Europea, adoptado bajo presidencia española.
El presidente del Ejecutivo español destacó que el asunto de la inmigración ilegal "es de tal envergadura que no puede ser afrontado por ningún estado nacional en solitario", de ahí la apuesta por realizarlo de forma conjunta "en la medida de lo posible", apuntó.
SECRETISMO
Respecto al acuerdo para el acceso inmediato a información obtenida de etarras, Aznar se mostró reacio a aportar detalles. "La lucha antiterrorista vamos a hacerla mucho más que comentarla", dijo el presidente español cuando se le pidió una mayor concreción sobre la iniciativa, y subrayó que ésta respeta la legalidad de los dos países.
El protocolo en cuestión permitirá a las fuerzas de seguridad de ambos estados acceder en un plazo máximo de cuatro días a información y documentos que se consigan de terroristas o miembros del crimen organizado a ambos lados de la frontera.
Se da la circunstancia de que los cuatro días coinciden con el plazo que la ley francesa tiene establecida para que un detenido pase a disposición judicial. Es posible que el secretismo sobre el protocolo obedezca a la voluntad del presidente francés de no remover demasiado una iniciativa que podría avivar polémicas entre los jueces y los distintos cuerpos policiales franceses, celosos de sus respectivos ámbitos de competencia.
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