El cadáver de Francisco Franco dejó este jueves de estar enterrado junto a sus víctimas, en una basílica dedicada a su victoria en la guerra civil, y comenzó a ocupar una tumba mucho más modesta en un cementerio particular, al lado de su esposa. Han tenido que pasar casi 44 años para llegar hasta el momento en el que el féretro dejó su antigua fosa en el Valle de los Caídos, cerrando así una anomalía de la democracia española, en la que el cadáver de un dictador podía estar enterrado con todos los honores, bajo una cruz de 150 metros y al lado de más de 30.000 cuerpos de ambos bandos, en la considerada como mayor fosa común de España.

Lo que ningún otro Gobierno quiso o pudo hacer, por distintos motivos, ocurrió con un Ejecutivo socialista en funciones, a poco más de dos semanas de las elecciones generales. La exhumación fue rápida, empezó a las 10.30 y acabó cerca de las 13.00, con dos nietos presentes junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado; otros dos cargos del Ejecutivo, operarios de una funeraria y un forense, en el comienzo de una jornada histórica que no estuvo exenta de momentos tensos, pero sin incidentes graves.

El Gobierno había buscado que la ceremonia fuese sobria, consciente de la enorme simbología del momento y de la fuerza de la iniciativa, la de mayor alcance internacional llevada a cabo por Pedro Sánchez. El dispositivo estuvo diseñado al milímetro, después de un largo proceso que comenzó nada más llegar el líder socialista a la Moncloa, en junio del año pasado, y que se fue retrasando por la oposición de los nietos del dictador, hasta que el Tribunal Supremo dio la razón en todo al Ejecutivo a finales de septiembre, permitiendo, por fin, que Franco abandonara su "tumba de Estado".

Tras todo este tiempo de enfrentamientos con la familia, el Gobierno quiso hacer alguna concesión, permitiendo que transportaran a hombros el féretro, que después fue transportado por un helicóptero hasta el pequeño cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid). Pero los nietos, derrotados, tensaron la cuerda hasta el final. Trataron de introducir clandestinamente en el recinto una bandera preconstitucional, algo que prohíbe la ley de memoria histórica. Forzaron que el dictador saliera de su tumba original en un ataúd más que deteriorado, pese al riesgo que suponía. Y gritaron "¡viva Franco!" cuando cargaban con el cadáver.

El Ejecutivo quitó hierro a estos incidentes, subrayando que la exhumación se había llevado a cabo sin bandera ni honores. En la Moncloa preocupaba especialmente las manifestaciones de nostálgicos del régimen, y las hubo, sobre todo en Mingorrubio, pero estas no fueron más allá del ruido, con cánticos de 'Cara el sol' y la aparición del golpista Antonio Tejero. Su hijo, Ramón, sacerdote, fue el elegido por los nietos del dictador para oficiar la misa en su nueva tumba, junto al prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que también intentó impedir la exhumación hasta el final. Un recuerdo de la cercanía de la Iglesia de antaño con Franco.

La "afrenta moral"

Entre críticas de "electoralismo" por parte de la oposición, Sánchez tardó poco en salir desde la Moncloa. Apenas una hora después de que el helicóptero aterrizara, el presidente del Gobierno habló durante seis minutos y no admitió preguntas. "Por encima de todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral: el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público", dijo.

Más importante que la valoración de la medida fue que Sánchez se comprometió a impulsar, si es reelegido, la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil, otra de las grandes anomalías de España, solo superada por Camboya en número de desaparecidos. "Es una aberración que debemos afrontar con decisión. Por justicia y dignidad. Pero, sobre todo, por pura humanidad", señaló.

La memoria histórica entra así de lleno en la campaña electoral, con el PSOE abanderando la iniciativa, Podemos apoyándola pero quejándose de que Franco se haya exhumado ahora y no después de los comicios, el PP y Ciudadanos de perfil (sin respaldar ni condenar claramente el traslado del cuerpo del dictador) y Vox acusando al Gobierno de "profanación". Este es un contexto cómodo para Sánchez, pero la crisis en Cataluña ocupa un papel mucho más relevante, y los socialistas no creen que la exhumación, por muy histórica que sea, vaya a tener un gran efecto movilizador.