El 96% de los gibraltareños votaron en contra del brexit. Querían que el Reino Unido siguiera dentro de la Unión Europea (UE). Los llanitos sospechaban que, con la salida, ellos, más que los británicos, tenían mucho que perder. Y será así por una razón principal, porque parten de una situación extremadamente ventajosa, paradisiaca más bien. El Gobierno de Mariano Rajoy, que por ahora cree que ha jugado bien sus cartas diplomáticas, se ha asegurado una posición de fuerza en la negociación que decidirá el futuro de la colonia británica: cualquier acuerdo entre Londres y Bruselas sobre el Peñón tendrá que contar con el visto bueno de España.

Y no solo una vez consumada la ruptura total (que el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, propone para el 31 de diciembre del 2020). España también podrá opinar sobre las condiciones que se le aplicarán a ese territorio peninsular en el «periodo transitorio», que empezará el 29 de marzo del 2019, fecha del divorcio.

Las condiciones del «periodo transitorio» (en el que el Reino Unido seguirá siendo parte del mercado único y la unión aduanera, aunque no tendrá derecho a voto) solo se aplicarán en la colonia si hay un acuerdo previo entre Londres y Madrid. Si el Ejecutivo español no quiere, el Peñón quedará desde ese momento fuera del mercado único. Con este poder de decisión, más que intentar que el lema «Gibraltar, español» sea una realidad, a lo que aspira en primer término el Gobierno es a que deje de ser un «paraíso fiscal», entre comillas. Porque así lo considera el Ejecutivo de Rajoy, que llegó a denunciar su sistema tributario ante la Comisión Europea en el 2012.

El presidente lo ha subrayado en algunas ocasiones. En septiembre del 2013 aseguró que no se puede tener «un paraíso fiscal en plena Unión Europea», aunque no cumplió su palabra de quejarse días después ante la Asamblea General de la ONU.

Es un tema que incomoda a Londres y no creyó oportuno dar esa batalla a ese nivel. Ahora, en cambio, el Gobierno opina que ha llegado el momento de intentar que Gibraltar «deje de parasitar la economía del sur de España», una expresión que utilizan fuentes gubernamentales.

14.000 SOCIEDADES / La colonia, que se puede recorrer en una mañana de norte a sur y de este a oeste (tiene 6,5 kilómetros cuadrados), tiene 32.000 habitantes y acoge unas 14.000 sociedades, según datos de las autoridades gibraltareñas.

Ofrece unas condiciones imbatibles a las empresas y los ciudadanos de la zona: el impuesto de sociedades se grava con el 10% (el 25% en España), no hay IVA ni impuestos sobre el patrimonio o sucesiones y una persona que se gane muy bien la vida tiene que tributar el 48% de IRPF en Andalucía mientras que en la colonia como mucho paga el 25%. El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, niega que sean un paraíso y defiende un «brexit sensato» también para su territorio.

La estrategia del Gobierno español, apoyada por el PSOE, es conseguir que los llanitos se den cuenta de que España debe ser su socio principal. El Reino Unido es el pasado y España, el futuro, sería el lema. Madrid venderá que podrá defender la situación de los gibraltareños dentro del club europeo. Pero esa mano tendida no será a cambio de nada: las autoridades del Peñón deberán ceder en algo y la Moncloa quiere que sea en el terreno fiscal.

El jefe de filas del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, se resiste a hablar de «paraíso fiscal» como tal y prefiere referirse a Gibraltar como «uno de los diversos territorios» que dentro de la Unión Europea hacen «competencia fiscal desleal» a los socios.