Treinta y nueve días y varias manifestaciones con miles de personas después, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido la máxima celeridad a los ministerios de Justicia y Exteriores para encontrar una fórmula jurídica que permita extraditar a Somalia a los dos piratas arrestados en España, una de las condiciones que han puesto los secuestradores para liberar a los 36 tripulantes del Alakrana. Y todo a pesar de que España congeló las relaciones diplomáticas con ese país en el año 1991, cuando el dictador Siyad Barre fue derrocado y el país cayó en manos de los señores de la guerra.

En Sopot (Polonia), donde ayer se celebró la sexta cumbre bilateral, el ministro de Justicia español, Francisco Caamaño, explicó que el Ejecutivo está estudiando qué vía legal utilizar para que los piratas que la fragata Canarias detuvo y que, tras la petición de la abogacía del Estado, fueron trasladados a España, puedan volver a Somalia. Caamaño no concretó si los arrestados serían trasladados a ese país para cumplir la condena después de ser juzgados en España, o bien serían puestos a disposición de los tribunales somalís.

TRIBUNALES DE MOGADISCIO Fuentes del Gobierno somalí aseguraron que los piratas presionan para que los dos afectados sean juzgados por los tribunales de Puntlandia o Mudug, territorio controlado por las mafias, aunque añadieron que es probable que sean enviados a Mogadiscio, informa Beatriz Mesa.

En estos momentos, Somalia está dividido en tres regiones: Somaliland (autoproclamada independiente), Puntlandia y la región central y meridional, con Mogadiscio como capital. Solo esta última zona está precariamente controlada por el primer ministro, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, el principal interlocutor del Gobierno español.

Según apuntaron fuentes del Ministerio de Exteriores, "la situación interna no tiene que frenar ninguna iniciativa diplomática que consiga encajar los requisitos exigidos por los piratas y que el delito no quede impune". "En Afganistán Hamid Karzai no controla todo el territorio, ya que hay parte en manos de los señores de la guerra, y tenemos unas relaciones diplomáticas intensas", añadieron las mismas fuentes.

"VIAS LEGALES" Entre Somalia y España no existe ningún acuerdo de extradición ni un pacto para el cumplimiento de condenas, por lo que, según fuentes diplomáticas, se podría diseñar un tratado "concreto para estos dos casos". Caamaño dijo que cualquier pacto "respetará los requisitos del Estado de derecho" y puntualizó que, si son juzgados en Somalia, ese proceso será supervisado "por los jueces de la Audiencia". En el mismo sentido habló el juez Baltasar Garzón, que declaró que existen "vías legales" que aseguran la persecución del delito y la protección de los secuestrados.

Las prisas trasladadas ahora a los ministerios de Justicia y de Exteriores contrasta con la actitud mantenida durante cuatro semanas por el Ejecutivo. Tanto la ministra de Defensa, Carme Chacón, como el titular de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, han permanecido en un segundo plano hasta la semana pasada, cuando la movilización de los familiares consiguió sacar a miles de personas a la calle y a ellos, a dar explicaciones.

SILENCIO DEL PRESIDENTE De hecho, hasta ayer, 39 días después del secuestro, Zapatero no había hablado del caso. Preguntado tras la cumbre hispano-polaca, el presidente del Ejecutivo aseguró que la situación "puede estar encauzada" y pidió "máxima prudencia" a la prensa y a los partidos. "Es bueno que demos una imagen de país ... Cualquier pronunciamiento que se haga es escuchado automáticamente por los piratas", declaró el jefe del Ejecutivo.