España incumplió durante al menos nueve años el Convenio Europeo de Derechos Humanos al permitir el arresto de guardias civiles y militares por faltas administrativas, cuando el tratado dice que solo las autoridades judiciales pueden privar de libertad. En 1979 España pidió excluir a estos dos colectivos de la protección del convenio, pero no renovó esta solicitud en 1991 y 1998, cuando se modificaron los regímenes disciplinarios de ambos cuerpos. A principios de este año el Gobierno se dio cuenta y, según ha podido saber este diario, volvió a pedir su exclusión del tratado, pero no pudo hacerlo con carácter retroactivo.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la que cuenta con más afiliados en activo, calcula que miles de militares han sido arrestados por faltas disciplinarias durante estos años. Según su secretario general, Mariano Casado, estas privaciones de libertad "son ilegales". La agrupación facilitará a todos los miembros del Ejército interesados documentación para pedir una indemnización a Defensa.
60 EUROS AL DIA Casado considera que se podría reclamar 60 euros por día de arresto, ya que el Consejo de Estado fijó esta cantidad para resarcir a un militar cuya privación de libertad fue anulada por un tribunal. AUME pretende además que estas sanciones no consten en el expediente ni sean tenidas en cuenta a la hora de cambios de destino o ascensos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) estudia iniciativas similares. En el instituto armado se ha incumplido durante 16 años el convenio.
LA PROTESTA La manifestación organizada por AUGC el pasado 20 de enero en Madrid, a la que acudieron unos 3.000 agentes para solicitar el fin de los arrestos, puso contra las cuerdas al Gobierno, que se vio abocado a eliminarlos. Era una de las promesas electorales del PSOE.
AUGC hizo hincapié en que este tipo de sanciones son ilegítimas en virtud de una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que en noviembre del 2006 ya señalaba que España estaba incumpliendo el Convenio de Derechos Humanos. Solo cinco días después de la manifestación de AUGC, el presidente de AUME, Jorge Bravo, fue castigado a cumplir un mes y un día de arresto por realizar unas declaraciones sobre el accidente de un helicóptero que costó la vida a 17 militares españoles en Afganistán. Bravo alegó que se estaba incumpliendo el tratado comunitario y el pasado febrero, el Consejo de Ministros acordó una reserva para que el convenio se deje de aplicar de nuevo a los militares.
La reserva existía desde 1979 pero el Gobierno del PP no la renovó cuando modificó el régimen disciplinario, en 1998. El Ejecutivo socialista reconoce que el Consejo de Europa no tuvo "conocimiento oficial de esta modificación legislativa", por lo que "no puede tenerse en cuenta" la reserva durante esos años. Las autoridades europeas aceptaron en mayo la nueva reserva.
