"Aquí ya hemos perdido la cuenta de los corruptos". Quien lo asegura es un mallorquín desencantado de la política, uno más en esta isla que desde julio del 2004 --cuando estalló el caso Rasputín y se supo que cargos del PP cargaban a las arcas públicas sus visitas a "teatros eróticos" en Moscú-- ha sufrido un bombardeo de informaciones que vinculan a algunos de sus políticos más relevantes con casos de corrupción. Baleares encabeza la lista negra de las comunidades con asuntos turbios y los mallorquines se sienten apabullados.
Solo de la legislatura 2003-2007, cuando los conservadores --con Jaume Matas al frente-- gobernaban con mayoría absoluta, se cuentan 17 casos, 12 con imputados del PP y cinco con imputados de Unió Mallorquina (UM). Mañana, Matas debe declarar ante el juez José Castro como imputado en la trama Palma Arena. Durante meses se han hecho apuestas sobre si regresaría de EEUU, donde se exilió voluntariamente en el 2007. Para muchos mallorquines, el caso Palma Arena es el súmmum de la corrupción: otro expresidente debe sentarse en el banquillo, como lo hizo en 1997 Gabriel Cañellas, también del PP.
Mucho han cambiado las cosas en Mallorca desde el 2003, cuando Matas regresó de Madrid, donde fue ministro de Medio Ambiente y hombre de confianza de José María Aznar. Sa Roqueta, un paraíso para las promotoras, era suya. Gobernó en solitario durante cuatro años y políticos de sus filas aseguran ahora que "todo cuanto acontecía pasaba por sus manos". De momento, ya hay 43 imputados solo en las filas populares; algunos ya están condenados. En el caso de UM, la cúpula en pleno está involucrada en asuntos de corrupción. El saqueo de las arcas públicas entre el 2003 y el 2007 puede alcanzar los 270 millones.
Refuerzos de Madrid
La Fiscalía Anticorrupción no da abasto, hasta el extremo de que Ramón Socías, delegado del Gobierno en Baleares, ha llegado a plantearse la necesidad de pedir refuerzos a Madrid. Una de las últimas investigaciones, la del caso Maquillaje, abierta en octubre del 2009, ha manchado a Maria Antònia Munar, exlíder de UM y expresidenta del Parlamento autonómico. La llamada Princesa y la mujer que había movido los hilos de la política insular pactando a su antojo con PP o PSM ha caído. Su delfín, Miquel Angel Nadal, dijo que su madrina le había entregado 300.000 euros. ¿Cómo? En un sobre durante un viaje en coche por una de las autopistas que han cicatrizado la isla y que llevan la marca de la empresa promotora del marido de Munar.
El 17 de marzo, cuando la intocable entraba en el Juzgado de Instrucción número 2 de Palma para declarar ante el juez, el sistema informático se colgó. De nuevo, la mujer abonaba su fama de alto voltaje. Pero esta vez ni ese cortocircuito le sirvió. El viernes, Munar pagó una fianza penal de 350.000 euros para eludir la prisión y empezó a recaudar los 2,5 millones de la civil.
"Hemos superado a Marbella", decían los mallorquines en abril del 2008, cuando se supo que Antònia Ordinas, hasta entonces gerente del Consorcio de Desarrollo Económico de las Islas Baleares, había escondido 240.000 euros en latas de Cola-Cao en su jardín. Fuentes jurídicas aseguraban que quedaba mucho por limpiar y apuntaban al velódromo Palma Arena, la obra faraónica de Matas. Dos meses después, estalló precisamente el caso Palma Arena. Los jueces investigan una presunta malversación de caudales públicos producida durante la ejecución de la infraestructura, cuyo coste se disparó de 48 millones a 110.
Mañana Matas está llamado a declarar ante el juez --junto a su mujer, Maite Arela, y su cuñado y exgerente del PP, Fernando Arela-- para aclarar el presunto desvío de dinero en la construcción del equipamiento. Está imputado por los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito fiscal y electoral.
Reincidente
No es la primera vez que Matas es señalado por la justicia. En abril del 2009, ya fue investigado tras detectarse posibles irregularidades en la compra de un palacete en el centro de Palma. La operación Buckingham fue archivada por el fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido. Ahora el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y el juez Castro incorporan las pesquisas sobre el patrimonio de Matas al caso Palma Arena.
Divididos como siempre en la isla, hasta ayer la mitad de los mallorquines aseguraban que Matas daría la cara y la otra mitad apostaba por que no pisaría la isla por miedo a que le retiren el pasaporte. El viernes, uno de sus abogados, Rafael Parera, tuvo que emitir un comunicado en el que aseguraba que su cliente declarará. De hecho, fue el propio Matas quien creó tanta incertidumbre. El 10 de marzo, Parera aseguró que no descartaba solicitar que su defendido declarara por videoconferencia.
Abogados estrella
Parera era el abogado de Cañellas cuando este compareció ante el juez acusado de soborno en el caso Túnel de Sóller. Se libró en 1997 porque la acusación había prescrito. La presencia de Parera, dicen los mallorquines, puede cambiar la suerte de Matas. Para más inri, el expresidente balear ha contratado a un abogado de la Península: Manuel Ollé, especialista en derecho internacional y en derechos humanos. Ayer se supo que Matas ya se encontraba en Madrid, en una vivienda que también está en el ojo del huracán y por la que Castro le pedirá explicaciones mañana.
El sábado, 2.000 mallorquines, convocados por 120 entidades, salieron a la calle para decir "no a la corrupción". Dos preguntas clave se escucharon: "¿Aparecerá?" y "¿A quién acusará?". Ayer ni la noticia de que Matas había llegado a Madrid convencía a los mallorquines: "Madrid no es Mallorca, ¿quién sabe si vendrá?", se decía en una sobremesa.
