El Gobierno adelantará el pago de la escolarización privada de aquellos alumnos que no tengan garantizado el aprendizaje en castellano en los centros públicos o concertados de las comunidades con lengua cooficial, y se lo descontará a éstas de la financiación autonómica que les corresponda.
Es la fórmula que el Ministerio de Educación propone en el proyecto de reforma educativa, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, para preservar, según fuentes del departamento, el derecho de aprender en castellano y en lengua cooficial como lengua vehicular.
Los padres afectados reclamarán primero a la administración educativa autonómica y luego, si no se consideran satisfechos, a la Alta Inspección del Estado, dependiente del Ministerio de Educación, que abrirá una investigación del caso, en la que la comunidad podrá presentar alegaciones.
Si el ministerio considerara que, en efecto, no se garantiza la escolarización en cualquiera de las dos lenguas -castellano o cooficial-, adelantaría el pago de la matriculación en un centro privado hasta que la comunidad resolviese la situación.
Esto afectaría fundamentalmente a Cataluña -aunque el texto legislativo no nombra ninguna comunidad-, ya que su modelo es de inmersión lingüística en catalán, y no contempla escolarización bilingüe o trilingüe en centros sostenidos con fondos públicos como ocurre en otros lugares con lengua autonómica.
Las mismas fuentes han explicado que la memoria económica del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora para la Calidad de Educación (Lomce) prevé una partida anual de cinco millones de euros para la escolarización de los mil alumnos que pudieran estar en tales circunstancias, aunque han matizado que dependerá finalmente de los casos reales.
Según la Generalitat, serían solo unos 17 casos, pero las fuentes del ministerio han enfatizado que no se trata de si son muchos o pocos, sino de garantizar los derechos individuales reconocidos por la Constitución y el Tribunal Constitucional.
El Ministerio ha optado por esta regulación después de que el Consejo de Estado -órgano consultivo- indicara que el Gobierno no podía obligar a las comunidades a financiar la escolarización en centros privados -como proponía el anteproyecto legislativo- porque esto invadía competencias.
Desde el punto de vista académico, las lenguas cooficiales serán de libre configuración autonómica, con un tratamiento equivalente a las asignaturas troncales (aquellas que define el Estado, como matemáticas y lengua castellana), de tal forma que se tendrán en cuenta en las evaluaciones.
Sobre otras observaciones del Consejo, el ministerio ha decidido que la asignatura de religión y la alternativa de valores en primaria y ESO serán de oferta obligatoria para los centros y elección voluntaria por los alumnos.
No obstante, éstos también podrán estudiar la no elegida de las dos como materia optativa, con lo que se resolvería, según las fuentes, la advertencia del Consejo de Estado de que obligar a matricularse sólo en una de ellas podría ser discriminatorio.
A su vez se suprime Educación para la Ciudadanía, cuyo temario se aprenderá de forma transversal.
Los centros que eduquen por sexos separados deberán justificar que este modelo no es discriminatorio en calidad educativa si quieren optar a ser concertados.
En cuanto a la memoria económica, las fuentes han subrayado que mantienen los cálculos iniciales, si bien se ha acordado con el Ministerio de Empleo solicitar financiación del Fondo Social Europeo para sufragar entre el 50 y el 65 % de los costes directos de implantación.
Tanto la nueva FP básica como las dos trayectorias de cuarto de ESO -hacia bachillerato y FP- suponen el 95 % de los costes directos de implantación de la nueva ley, que corresponden a la administración central.
Si se tiene en cuenta la compactación de las asignaturas del bachillerato, el coste neto de la reforma para el Estado será de 23 millones de euros el primer año; 130 el segundo; y 255 el tercero.
Las comunidades deberán asumir los costes de consolidación, mayores cuantos más alumnos permanezcan en el sistema escolar y más se matriculen en FP, debido a una mayor necesidad de profesorado.
En cuanto a las evaluaciones para todos los alumnos al final de cada etapa, corresponderá a las CCAA definir las pruebas en primaria para detectar precozmente los déficit de aprendizaje; y al Gobierno, las de ESO y Bachillerato, pues conllevan la obtención del título correspondiente, como competencia del Estado.
El Ministerio calcula que la reforma se implantaría en dos cursos (tres años naturales), a partir de 2014-2015.
