Han pasado más de tres años desde su aprobación y el Estatut de Cataluña continúa provocando una división interna de opiniones entre los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que impide que se emita la polémica sentencia. Esta semana está previsto que los magistrados vuelvan a discutir sobre el texto. El desempate entre las posibles interpretaciones, o una tercera vía más interpretativa que permita que uno de los magistrados contrario al Estatut acabe variando su posición, está en manos de la presidenta del alto tribunal, María Emilia Casas, que pretende máximo consenso. Uno de los actores más significativos en esta obra ha sido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, quien ya ha advertido de que la sentencia no afectaría solo a Cataluña, sino a otras seis autonomías que tienen estatutos calcados del catalán.
