La reforma del Estatuto de autonomía que iba a marcar el camino al resto de España vive horas de incertidumbre. El doble consenso entre PP y PSOE en Valencia y Madrid, requisito de los populares para cualquier retoque en el modelo de Estado, no ha bastado para llevar el proyecto a buen puerto.
Los socialistas llevaban semanas denunciando incumplimientos del pacto global. El presidente, Francisco Camps (PP), demoraba el cambio del mecanismo de elección de la dirección de Radiotelevisión Valenciana, demanda socialista para frenar la manipulación informativa. Tampoco se cumplía el pacto de financiación de los ayuntamientos ni cesaban las subvenciones a entidades defensoras del secesionismo lingüístico, prohibido por ley de la Academia Valenciana de la Lengua y por el proyecto de Estatuto.
Todo seguía igual. Mientras Camps se apuntaba una y otra vez el éxito del pacto y alardeaba de encuestas que le auguran una mayoría absoluta en el 2007, el líder socialista, Joan Ignasi Pla, movió ficha. El viernes 20 de enero anunció que el PSOE votaría a favor de las enmiendas de Esquerra Unida para rebajar el listón electoral del 5% al 3% y eliminar la expresión "idioma valenciano" del nuevo Estatuto, que quedaría como "valenciano" a secas.
El órdago sorprendió al PP preparando el gran acto de precampaña del día siguiente con la presencia de Mariano Rajoy. No lo esperaban y las reacciones fueron de incredulidad. El 21 de enero Camps advirtió: "No hay marcha atrás". Y Rajoy afirmó que el Estatuto valenciano "no puede ser moneda de cambio de los cambalaches de Zapatero y sus socios" catalanes.
Golpe de efecto
Horas después, un nuevo golpe de efecto socialista sacudió el tablero. Zapatero y Artur Mas cerraron en la Moncloa un acuerdo para el Estatuto catalán, que incluía una mejor financiación y un modelo que podía otorgarse al resto de autonomías que lo solicitaran.
Mientras otros líderes regionales del PP anunciaban con cierta cautela que harían números, Camps asumió el papel de la defensa numantina del discurso de Acebes y Rajoy. Los primeros cálculos apuntan a que el nuevo modelo supondría entre 1.500 y 2.000 millones de euros anuales más para las castigadas arcas valencianas.
Un fin de semana cambió las reglas del juego. El gran éxito de la legislatura de Camps se había quebrado por dentro y se deshacía por fuera. La reforma catalana lo dejó obsoleto. Ante la parálisis de la dirección del partido, la iniciativa la han tomado los sectores críticos. Blaveros y zaplanistas, contrarios a la reforma, piden la retirada del texto, que está a punto para el debate de enmiendas en el Congreso. Camps y los suyos prefieren esperar y defienden que en caso de traición socialista podrán tumbar el Estatuto en las Cortes Valencianas.
Tripartito de izquierdas
La consecución del pacto del Estatuto catalán ha liberado a los socialistas valencianos de su papel de barrera de contención a las aspiraciones de Maragall. Han roto el último amarre con el PP complaciendo a Esquerra Unida, al Bloc Nacionalista e incluso a Unió Valenciana (UV), que con el 3% podrían obtener representación en el 2007. Se abre la posibilidad de un tripartito de izquierdas, en la medida que tanto UV como la anticatalana Coalición Valenciana (CV) pueden socavar al PP. CV sigue al acecho de cargos populares desafectos, como el tránsfuga Tomás Puchol.
El PP ha recurrido a su tradicional modo de mantener prietas las filas y frenar la fuga de votos; el discurso victimista de la conspiración antivalenciana para catalanizar el antiguo reino. Dejar como está el nombre de la lengua o reducir el listón electoral es un "peaje" pagado a Cataluña, aseguran. Y ya hablan de convocar manifestaciones como las del trasvase del Ebro.
