Cuatro meses y 23 días, un total de 146 jornadas, ha durado la huida de la justicia del 130º presidente de la Generalitat de Cataluña. Carles Puigdemont Casamajó ha dormido la pasada noche en la prisión de Neumünster, que hasta ayer tenía al escritor Hans Fallada como su preso más conocido, y que narró sus experiencias en ella. Cerca de esta localidad del norte de Alemania se halla el diminuto enclave de Schuby, punto exacto donde ayer, a las 11.19 horas, fue interceptado por la policía germana el coche en el que viajaba el líder de Junts per Catalunya desde Finlandia camino, se supone, de Bélgica. El fin de la fuga abrió de inmediato un proceso de tempos inciertos en el que el Gobierno y la justicia española batallarán por una extradición lo más rápida posible que, en cambio, los abogados de Puigdemont intentarán neutralizar.

La escapada del exmandatario catalán se truncaba menos de 48 horas después de haber reactivado el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena la orden europea de detención. El vehículo discurría por la autopista A7 y 30 kilómetros antes había entrado en territorio alemán por la frontera de Dinamarca. El desenlace del apresurado trayecto que Puigdemont había iniciado en Helsinki la noche del viernes, en cuanto supo de la euroorden, demuestra que la Policía Nacional y el CNI controlaban en todo momento sus movimientos y se decidieron a actuar cuando el expresidente se encontró en el país cuya legislación convenía más a las autoridades españolas para acelerar su extradición.

La ruta que recorrió Puigdemont durante 1.468 kilómetros, los que separan Helsinki de Schuby, es todavía una incógnita, aunque lo más probable es que abandonase en coche de la capital finesa y tomase en Turku un ferri que le desplazase a Estocolmo. De nuevo en coche pudo atravesar Suecia y cruzar a Dinamarca por el puente de Øresund, que separa ambos países, para luego continuar hasta Alemania. Cuando su periplo se frenó en seco aún le faltaban 718 kilómetros hasta llegar a su residencia belga de Waterloo.

OPERACIÓN CONJUNTA / La policía germana culminó una operación coordinada entre los servicios secretos españoles y la Oficina Federal de Investigación Criminal germana, y pusieron a Puigdemont en manos de la fiscalía de Schleswig-Holstein, el land más septentrional del país, donde se produjo la detención. El primer trámite que deberá cumplir el expresident será comparecer hoy ante el tribunal administrativo del estado federado, cuyo cometido es comprobar la identidad del detenido, entre otras formalidades. El procedimiento de análisis de la euroorden y la eventual extradición suele demorarse en estos casos una media de entre 15 y 45 días, pero podría llegar a los dos meses.

Un factor clave a partir de ahora será la estrategia que siga Puigdemont. Si acepta ser extraditado, la entrega a España podría efectuarse antes de 10 días. Si se opone a ella, un juez alemán deberá tomarle declaración y adoptar una decisión en un plazo de 60 días, aunque el margen podría ampliarse a 90 días. Pese a esconder toda pista al respecto, los dos abogados del líder de JxCat, el catalán Jaume Alonso-Cuevillas y el belga Paul Bekaert, dieron a entender que su objetivo es frenar la extradición alegando que la justicia española ha procesado a Puigdemont por motivos políticos.

Según el diario local Kieler Nachrichten, Puigdemont se estaría planteando solicitar asilo político en Alemania, petición que tendría escasas posibilidades de prosperar, añade el mismo rotativo, porque la orden de detención europea tiene prioridad sobre la solicitud de asilo. El Código Penal alemán no tiene tipificado como tal el cargo de rebelión, pero sí el de alta traición, que contempla una definición similar y para el que se prevén penas de cárcel «de no menos de diez años» o hasta «cadena perpetua» -lo que en Alemania equivale a un máximo de 25 años- para «quien menoscaba con violencia o amenaza de violencia» al Estado alemán en su conjunto o amenaza el «orden constitucional» de la república.

Con estos preceptos, el Gobierno y el Tribunal Supremo no tienen dudas de que habrá extradición. De hecho, consideran exorcizado el temor que existía a que Bélgica excluyese la rebelión de los delitos por los que entregaba al expresident, por lo que las penas a las que se enfrentaría en caso de ser juzgado serían notablemente más bajas.

La detención de Carles Puigdemont pilló al independentismo catalán en plena conmoción por el golpe judicial contra la cúpula del procés y reaccionó saliendo a la calle de nuevo. La principal convocatoria, de la ANC y Òmnium, reunió en Barcelona a unas 55.000 personas, según la Guardia Urbana.