El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló ayer la anulación de 133 listas electorales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) que pretendían concurrir a los comicios celebrados en Euskadi y Navarra en el 2007. Los jueces europeos consideran que este partido fue rescatado exclusivamente para sustituir a la ilegalizada Batasuna y rechaza que la medida tuviera como objeto limitar las manifestaciones "de ideas separatistas". También sostienen que la anulación fue "proporcionada" y que no vulneró el derecho "a la libre expresión de los ciudadanos".

El fallo es de vital importancia para la estrategia jurídica que ha diseñado el Gobierno con el fin de evitar la presencia de los herederos de Batasuna en las elecciones de mayo. Así, hace tres años, la justicia española anuló parte de las candidaturas de ANV, pero no atacó al partido.

Para el Tribunal de Estrasburgo, la decisión fue correcta, ya que ANV sabía que no podía dar cobertura a un partido que había sido ilegalizado. De hecho, los jueces europeos subrayan que cometió un fraude por la "similitud esencial de sus estructuras, organización y funcionamiento" con los de Batasuna, y defienden la anulación de las candidaturas.

El Tribunal de Derechos Humanos subraya que la justicia española actuó en base a numerosas pruebas como, por ejemplo, los papeles que la policía requisó a un etarra, en los que quedaba patente la estrategia de la banda: utilizar a ANV para sustituir a Batasuna --que fue disuelta por apoyar "las actividades de ETA", añade--, con lo que se constató "la existencia inequívoca" de una relación entre ambas. También destaca que la anulación se hizo "de forma individualizada".

VOTOS DISCREPANTES Para los jueces europeos, la decisión estaba "suficientemente motivada", por lo que rechazan que fuese arbitraria. También sostienen que "las autoridades españolas no excedieron el margen de apreciación" cuando ordenaron la anulación de las listas. Por ello, concluyen, no se ha vulnerado el derecho de ANV a un proceso justo. La sentencia cuenta con el voto particular de dos juezas. La magistrada armenia Alvina Gyulumyan alega que, aunque los hechos se analizaron de forma individual, la anulación se llevó a cabo en bloque, y no caso por caso, y asegura que esto vulnera el derecho de reunión. La misma opinión defiende la jueza irlandesa Ann Power.