Arrasada. La Casa del Pueblo que el PSE abrió hace apenas cuatro años en Durango (Vizcaya) quedó devastada por la explosión de los tres kilos de cloratita con los que ETA confirmó la pasada madrugada su intención de cumplir las amenazas contra el Gobierno de Patxi López. La policía sospecha de que la banda dispone ahora en Vizcaya de un grupo de legales (no fichados) que han recibido la orden de "pegar duro".

La escalada de terror comenzó con el asesinato del inspector Eduardo Puelles el 19 de junio; ayer, los terroristas ni siquiera avisaron de la colocación del explosivo ante la sede socialista. Fue un vecino quien, al bajar la basura al contenedor, observó que un encapuchado abandonaba una bolsa de plástico ante la puerta trasera de la Casa del Pueblo y corría hacia un vehículo en el que esperaba una segunda persona al volante. Su rápido aviso a la policía municipal permitió la inmediata intervención de la Ertzaintza y el apresurado desalojo de viviendas próximas.

SIN HERIDOS Alrededor de 40 familias vecinas de la calle Astxiki, muchas de ellas con niños, vivieron en directo la explosión tras el cordón de seguridad instalado por los agentes. "No sabes lo que realmente supone hasta que lo vives. Yo había escuchado relatos y leído historias de testigos de explosiones, pero es ahora cuando veo lo duro que es eso y el miedo que pasas", apuntó Ikerne, a la vez que se felicitaba por la ausencia de heridos.

Otros vecinos de la zona se quejaron, sin embargo, de que nadie les hubiera alertado sobre la existencia del explosivo porque, aunque más distantes de la sede socialista, padecieron también los efectos de la detonación. El ayuntamiento habilitó unas dependencias para atender las reclamaciones de los afectados.

La condena del atentado fue generalizada. Todas las fuerzas políticas expresaron su rechazo a ETA y su solidaridad y apoyo al PSE. No lo hicieron, sin embargo, los cuatro concejales de la ilegalizada ANV que, integrados en el grupo mixto, ni firmaron la condena municipal ni asistieron a la concentración de repulsa que se celebró a mediodía. Por esa razón, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, denunció que los seguidores de Batasuna habían "perdido otra oportunidad" para decirle a ETA que violencia y actividad política no se pueden combinar.

Patxi López advirtió a la banda de que cada atentado refuerza la unidad de los demócratas y que la cárcel es el "único espacio" que les quedará. Fuentes del Gobierno vasco apuntaron que en ningún momento se ha "bajado la guardia", ya que saben que la cúpula terrorista necesita trasladar a los suyos una imagen de fuerza con la que contrarrestar los importantes golpes policiales producidos en los últimos días.

Los socialistas vascos recuerdan que han sido objetivo de ETA mucho antes de llegar al Ejecutivo vasco. A ningún dirigente le sorprendió la abierta declaración de guerra cuando se confirmó el relevo en Ajuria Enea pero insisten en que, a pesar de los atentados, se avanza hacia el fin de ETA.

APOYO A PRESOS ETARRAS El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz desestimó ayer la prohibición de los actos previstos para hoy y mañana en Amorebieta y Bermeo (Vizcaya) para recordar a los dos etarras que más tiempo llevan en prisión: José María Sagardui, Gatxa, interno desde hace 29 años y apodado por los radicales como el Mandela vasco, y Elías Fernández, encarcelado desde hace 23 años. La plataforma Dignidad y Justicia solicitó el veto, pero el magistrado entiende que no es delictivo manifestarse contra la pena perpetua y defiende el derecho de reunión.