Los presos de ETA, que en estos momentos casi alcanzan los 750, han decidido poner su parte en el debate interno de la izquierda aberzale y dejar claro el mensaje de que deben ser tenidos en cuenta para cualquier estrategia de futuro. En un comunicado remitido al diario Gara , el autodenominado "colectivo de presos políticos vascos", que es el que sigue al pie de la letra las directrices de la cúpula etarra, anunció ayer que a partir de la semana próxima pondrán en marcha encierros y huelgas de hambre en las prisiones, iniciativas que a partir de marzo se convertirán en rotatorias.

El colectivo confirmó, además, la expulsión de cinco reclusos que se han negado a seguir las órdenes de la banda y que han criticado sus decisiones. Se trata de los históricos Valentín Lasarte e Iñaki Rekarte y de tres militantes más jóvenes: Esteban Murillo, Jorge Uruñuela y Andoni Muñoz. Según el comunicado, los cinco se "han situado fuera de la disciplina" del colectivo.

La difusión de los nombres de los cinco reclusos implica su descrédito público en los ambientes aberzales y la pérdida de cualquier ayuda por parte de la organización que les da apoyo. Pero, sobre todo, engorda la lista de disidentes en la que figuran veteranos que han tenido peso en la organización, como el que fuera número uno de la banda, Francisco Múgica Garmendia Pakito, el legendario Joseba Urrosolo Sistiaga o la exjefa del comando Madrid Carmen Guisasola.

TENSION La expulsión, disfrazada de autoexclusión, refleja que la tensión interna entre partidarios y detractores de la violencia armada se ha trasladado también al interior de las prisiones con una virulencia que nunca antes se había producido.

De hecho, Urrosolo y Guisasola firmaron el pasado noviembre una carta pública conjunta en la que pedían a la izquierda aberzale y a los presos que rompieran su silencio ante ETA. Con posterioridad se hizo público también el desmarque de Lasarte, el etarra que aplicó sin rechistar la huida hacia adelante decidida por ETA en el 1995 asesinando a un político elegido en las urnas como Gregorio Ordóñez, concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián y parlamentario en Vitoria. Ese asesinato abrió un agrio debate en Herri Batasuna que acabaría en la escisión de Aralar.

El contenido del comunicado del colectivo de presos se mantiene fiel a la ortodoxia y asegura que la política penitenciaria busca "condicionar el proceso de liberación nacional". Declara que los presos también mantienen su compromiso con un "proceso democrático fuerte" y denuncia la "cruenta" política carcelaria de España y Francia.

Apenas 24 horas después de la manifestación multitudinaria que defendió el sábado en Bilbao los derechos de los reclusos con el apoyo de partidos independentistas legales, como Eusko Alkartasuna y Aralar, el colectivo anunció su "dinámica de lucha": la adopción de medidas de presión inmediatas y su prolongación durante todo el 2010.

CONDENAS ALARGADAS El colectivo pretende que se reconozca a los reclusos como presos políticos y lograr su agrupación en el País Vasco. También exige que se derogue la llamada doctrina Parot que, de hecho, ha supuesto alargar las condenas a 19 presos de ETA durante el 2009, con la previsión de que otros 15 puedan verse afectados en el 2010.

Los presos quieren asegurarse un protagonismo en un año que se prevé que será clave para la izquierda aberzale en su empeño por recuperar la legalidad. Tras el "soplo de aire fresco" que les supuso la manifestación del sábado en Bilbao, los presos esperan ahora conseguir un idéntico respaldo a sus demandas.