Los terroristas apresados ayer en la provincia de Cuenca han corrido la misma suerte que los que el pasado 24 de diciembre iban a provocar una masacre en la estación de Chamartín, en Madrid. En ETA crece la sensación de que los comandos están controlados por la policía, y de que en cuanto se mueven son detenidos. La carrera de éxitos policiales contra la banda ha jalonado el 2003. Las reformas legales han dejado a la organización sin respaldo político.
Información del seno de la banda terrorista
La de ayer fue la segunda vez en dos meses en que un comando legal de ETA --no fichado por la policía-- cae antes de perpetrar una masacre en Madrid. Además, en enero otra pareja de terroristas fue detenida en Francia. Los arrestados ayer pretendían confirmar el pronóstico de los responsables de la lucha antiterrorista, quienes, tras el anuncio de la tregua parcial de ETA, auguraron que intentaría atentar fuera de Cataluña en plena campaña electoral.
La anticipación de los servicios de información policial y de la Guardia Civil evitó que los etarras llegaran a Madrid. Corrieron la misma suerte que los también legales Gorikoitz Arruarte y Gorka Loran, que en Nochebuena iban a provocar una masacre en la estación de Chamartín. Interior rehúsa dar detalles, pero fuentes policiales admiten que estas acciones preventivas no serían posibles si no se dispusiera de información procedente del seno de ETA.
Además de los jefes Ibón Fernández Iradi, Susper, y Gorka Palacios Alday, en el 2003 cayeron más de 80 miembros.
Reformas penales y Batasuna ilegalizada
En los últimos años, la acción policial contra ETA se ha visto reforzada por las reformas penales impulsadas por el Gobierno al amparo del pacto suscrito por PP y PSOE. Entre otras medidas, se ha reformado el Código Penal para aumentar las penas a los terroristas y condicionar los beneficios penitenciarios a que muestren su arrepentimiento, colaboren con la justicia e indemnicen a las víctimas.
En el marco la Unión Europea (UE), la orden de detención y entrega también ha estrechado el cerco en torno a los terroristas. La banda ha perdido, además, su referente político. La ilegalización de Batasuna, que desde el pasado año no puede concurrir a las elecciones, ha hecho perder al brazo político de ETA 63 alcaldes y 890 concejales en Euskadi y Navarra.
La estimación aproximada de la partida de gasto público que la formación aberzale ilegalizada ha dejado de administrar en los ayuntamientos en los que gobernaba hasta el pasado mes de mayo se cifra en unos 780 millones de euros (129.781 millones de pesetas).
La respuesta del Estado tras la tregua
Aunque desde el final de la tregua, el 21 de enero de 2000, ETA ha matado a 46 personas, la respuesta del Estado de Derecho en la última legislatura de José María Aznar ha sido demoledora para la banda terrorista. Tanto, que en el 2003 ETA sólo pudo asesinar a tres personas.
Desde el 2000, 37 comandos han sido desarticulados y 459 presuntos etarras y colaboradores han resultado detenidos. A esta cifra hay que sumar los 166 presuntos etarras detenidos en Francia. Más de la mitad de ellos están en prisión. Otros 28 cayeron en países como México, donde se arrestó a 11 etarras que estaban en la reserva.
En estos cuatro años, la policía ha incautado 327 armas, 6.700 kilos de explosivos y más de 400 pisos y locales, junto a 1,6 millones de euros. Con todo,ETA sigue obteniendo dinero de la extorsión y tiene medio centenar de miembros dotados de armas y explosivos. Su final requerirá perseverancia.
