La resolución del Parlamento Europeo supone también un varapalo para los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Los eurodiputados consideran que estos no son lo suficientemente rotundos cuando reclaman la libertad de los presos de conciencia.
La exigencia de un diálogo político con la disidencia constituye una clara reprobación a la actitud mantenida por los Veintisiete y la Comisión Europea, que en sus visitas a la isla han evitado reunirse con los representantes de la oposición democrática y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
