La última palabra sobre el suplicatorio solicitado hace catorce meses por el presidente del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para retirar la inmunidad parlamentaria al expresidente Carles Puigdemont, y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, la tiene este lunes el pleno del Parlamento Europeo. El informe aprobado en comisión hace dos semanas recomienda el levantamiento de este privilegio, lo que permitirá al Supremo reactivar la orden de detención y entrega europea. De confirmarse el resultado, el ex president recurrirá inmediatamente la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE y pedirá medidas cautelares para mantener su inmunidad.
El documento que votará el pleno recoge que no ha encontrado pruebas de fumus persecutionis que indiquen que la intención subyacente del procedimiento judicial pueda ser dañar la actividad política de un miembro y, por tanto, del Parlamento Europeo. Además, recuerda que el caso por el que se pide el levantamiento de la inmunidad, el proceso del 1-0, no tiene relación con su posición como eurodiputados, sino que se refiere a hechos ocurridos en 2017 y al proceso penal iniciado en 2018.
No se puede alegar que el proceso judicial se inició con la intención de entorpecer la futura actividad política de Carles Puigdemont como miembro del Parlamento Europeo porque en ese momento su condición de eurodiputado era todavía hipotética y futura, señala el texto aprobado por 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones y que tampoco cuestiona la competencia del Supremo. El pleno, que se celebra tanto presencial como virtualmente, se pronunciará de forma secreta entre las 18.30 y las 19.45 de esta tarde, aunque está previsto que el resultado se de a conocer a primera hora del martes cuando la presidencia de la Eurocámara anuncie el resultado final.
Reactivación de la euroorden
Si el pleno avala por mayoría simple la recomendación, redactada por el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, que comparte grupo con Vox y con los nacionalistas flamencos de la N-VA, la retirada de la inmunidad será automática y el Supremo podrá reactivar el procedimiento de extradición que quedó paralizado, tanto en Bélgica como en Escocia, cuando los tres fueron designados eurodiputados. Llarena ha indicado que antes de hacerlo preguntará al TJUE sobre las posibilidades de rechazar una euroorden y el caso de Bélgica donde precisamente fue rechazada a principios de año la emitida contra el ex conseller Lluis Puig por malversación de fondos en relación con el referéndum del 1-0. En el caso de los tres eurodiputados, el Supremo les reclama por un delito de sedición y por otro de malversación en el caso de Puigdemont y Comín.
Pese a la intensa campaña mediática lanzada en las últimas semanas por el líder de JuntsperCat para denunciar las supuestas irregularidades y la politización del procedimiento, todo apunta a que el informe saldrá adelante con el apoyo de Partido Popular Europeo, Socialdemócratas (S&D), liberales de Renew y los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), los cuatro grupos que avalaron la recomendación de Dzhambazki en la comisión de asuntos jurídicos. Estos cuatro grupos suman 480 de los 705 escaños con lo que si cierran filas no tendrán problemas. Por su parte, los dos que ha anunciado su rechazo son la Izquierda europea y los Verdes/Alianza Libre Europea, suman entre ambos 112 escaños. La incógnita es qué hará el grupo de ultraderecha Identidad y Democracia, con 74 escaños, y cuántos eurodiputados de otras formaciones romperán filas y se opondrán a la retirada.
Sería un poco hipócrita cerrar los ojos a la dimensión política del procedimiento. Su mandato está directamente relacionado con la razón por la que están siendo perseguidos en España. No es nuestro papel, estemos o no a favor de la independencia. Es una cuestión española. Aquí lo que evaluamos es si las personas electas pueden asumir su escaño y si la voz de las personas que votaron por ellos puede ser escuchada en el Parlamento. Y mi respuesta es un sí rotundo, opina la eurodiputada de Francia Insumisa, Manon Aubry, que insiste en que su papel es proteger a otros eurodiputados y que por eso votará en contra del levantamiento. Si hay un miembro del Parlamento Europeo atacado por sus posiciones tenemos que defenderle y por eso nuestro grupo se mantendrá a favor de la democracia.
