La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer una nueva y dura reprobación política contra la "urbanización masiva" de las costas de España, sin que el PSOE y el PP consiguieran suavizar el texto del documento. El informe plantea la interrupción de las ayudas europeas a las regiones implicadas.
El informe, que deberá ser ratificado por el Pleno de la Eurocámara el próximo 26 de marzo, pide a las autoridades regionales que suspendan y revisen todos los planes urbanísticos nuevos "que no tengan en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y de responsabilidad social" y que no respeten el derecho de los antiguos propietarios de las zonas afectadas. El PSOE y el PP anunciaron que presentarán textos alternativos al pleno para evitar la ratificación de la actual versión, crítica con España.
TODOS CULPABLES "Todas las administraciones --central, autonómica y local-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas", destaca el texto del informe.
Los eurodiputados denuncian "los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y ciudadanos que residen en la zona".
El informe critica también a las autoridades judiciales por su lentitud, su falta de preparación y porque sus sentencias tardías no permiten compensar a las víctimas de los abusos. Los eurodiputados destacan la "alarmante falta de confianza generalizada" en el sistema judicial español y la impresión de "parcialidad de la justicia española". Las denuncias de la Euro- cámara han inducido a la Comisión Europea a abrir más de 250 investigaciones sobre proyectos urbanísticos.
