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CASO LEZO

Un exconsejero de Gallardón declara que la panameña se utilizó por imposición de Inassa

La empresa del paraíso fiscal se liquidó en el mismo momento de la compra por el Canal de la colombiana

 

El presidente de Adif, Juan Bravo, tras declarar en la Audiencia Nacional en relación con la compra de Inassa por el Canal de Isabel II, en el caso Lezo. - / JOSÉ LUIS ROCA

EL PERIÓDICO
15/01/2018

El que fue consejero de Economía en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad de Madrid y consejero del Canal de Isabel II, Juan Bravo, declaró este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que se utilizó una empresa panameña para la adquisición de la filial sudamericana de la empresa pública de agua madrileña, Inassa, por imposición de esta última, ya que era la que figuraba como titular de sus acciones. Añadió que, tras recabar un informe al respecto de Garrigues, la empresa ubicada en el paraíso fiscal se disolvió y se cumplió con la normativa colombiana en materia tributaria, informaron fuentes jurídicas.

Bravo, que en la actualidad preside Adif, contestó a todas las preguntas que se le formularon tanto por la fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), tras haber repasado la documentación existente sobre la operación investigada en el 'caso Lezo' a la que ha podido tener acceso, pese a los problemas que ha tenido al denegarle la Comunidad ciertos expedientes, amparándose en una supuesta autorización judicial, a la que se había dado respuesta el pasado agosto. Según fuentes próximas a su defensa, lo ha hecho con gran precisión por la experiencia que tiene en la gestión municipal y autonómica, así como en la empresa pública.

Valoración inferior
Las mismas fuentes señalaron que defendió el precio de 73 millones de euros pagado por el Canal por la compra de Inassa, porque era el más bajo de las tres valoraciones que se habían realizado de cara a decidir la operación, y negó la existencia de cualquier irregularidad, no ya penal, sino administrativa.

En cuanto al conocimiento que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid pudo tener de la operación, estas fuentes señalaron que para que Canal Extensia pudiera endeudarse para realizar la compra se debía contar con la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad. De esta forma se evitaba que fuera el propio Canal de Isabel II quien contrajese la deuda. La instrucción de esta pieza del 'caso Lezo' continuará con declaración de varios testigos en los próximos días.