La defensa de la excúpula de los Mossos d’Esquadra considera un «disparate jurídico» el procesamiento por organización criminal y sedición del mayor Josep Lluís Trapero, así como el de los que eran responsables políticos del cuerpo, su exdirector Pere Soler y el exsecretario general de Interior César Puig. Según el abogado de este último, Jaume Alonso-Cuevillas, la organización criminal solo está prevista para blanqueo y organizaciones mafiosas, por lo que no tendría cabida en lo ocurrido en Cataluña. La magistrada Carmen Lamela entendió que Soler y Puig debían responder por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1-O, mientras que a Trapero le incluyó por las protestas del 20 y 21 de septiembre.