Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, exconsejero de Economía y exsecretario general de Presidencia en los gobiernos de Jordi Pujol, utilizaron sus contactos políticos para intentar influir en varios consejeros del tripartito (PSC-ERC-ICV) a favor de operaciones inmobiliarias de empresas privadas, según consta en el sumario del caso Pretoria. Por estas acciones llegaron a cobrar comisiones de millones de euros. El titular de Economía, Antoni Castells, fue el que mantuvo más contactos con los miembros de la trama, sobre todo en relación con el intento de venta de un edificio en la Avenida Diagonal de Barcelona a la Generalitat, una operación que al final no prosperó.

Tras los éxitos conseguidos en las primeras operaciones de la trama en las que actuaron ante las administraciones locales de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (todas en la provincia de Barcelona), junto con Luis Andrés García Luigi (exdiputado del PSC), los dos exaltos cargos de CiU y este último mantuvieron su actividad de intermediación, que los instructores del caso consideran que entra de lleno en un presunto tráfico de influencias.

NEGACION DE LOS HECHOS Aunque Alavedra y Prenafeta negaron reiteradamente en sus declaraciones ante los agentes judiciales haber realizado labores de intermediación e incluso haber cobrado cantidad alguna por ello, en las conversaciones grabadas antes de su detención, el 24 de octubre del 2009, y en los movimientos de sus cuentas queda constancia de esas actividades.

En el registro a la empresa de Prenafeta, Poliafers SL, se encontraron varios documentos que constatan sus gestiones ante el tripartito. En una carta del 15 de mayo del 2009 que iba dirigida a Castells, Prenafeta recuerda al consejero: "desde mi último escrito del 22 de abril las cosas sobre el edificio Fòrum continúan de manera incomprensible más encalladas que nunca, a pesar de la magnífica disposición del secretario general de Política Financiera, Jordi Pericas". Prenafeta considera que el tema no avanza por culpa de la Consejería de Acción Social y añade: "¿Podría sugerirte que tú pudieses hablar directamente con la consejera Carme Capdevila, con el objetivo de poder tomar una decisión clara y positiva?".

El empresario Lluís Casamitjana, uno de los principales imputados en el caso, declaró ante la Guardia Civil que Prenafeta "les facilitaba conseguir citas con personas dependientes de la Administración, tanto municipal como de otro tipo" y que logró encuentros con los consejeros "Castells y Joaquim Nadal", este último de Política Territorial.

Las gestiones del trío Alavedra, Prenafeta y Luis García se extienden a otros ámbitos. En el sumario consta un contrato del 19 de agosto del 2009 entre la inmobiliaria Espais y Poliafers por el que la primera se compromete a pagar "unos honorarios en concepto de intermediación por un importe de 960.000 euros".