Cuatro de los 11 nuevos imputados en la supuesta trama de corrupción urbanística del denominado caso Pretoria, entre ellos el exgerente del Institut Català del Sòl (Incasòl) Emili Mas Margarit, comparecen hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Los primeros en llegar a la sede del tribunal han sido el exconcejal socialista de Sant Andreu de Llavaneres Antoni Jiménez y el exalcalde de esta ciudad Víctor Ros (PP), que han entrado juntos pasadas las 09.00 horas en la Audiencia Nacional.
Garzón también tomará hoy declaración al consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido.
NO PUEDE PRESTAR DECLARACIÓN
No comparecerá, sin embargo, la madre del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Josefina Calvet -a la que el juez acusa de haber recibido junto con su hijo un millón de euros- ya que padece alzheimer y, según varios informes médicos presentados ayer al magistrado, no puede prestar declaración, por lo que Garzón podría enviar un forense para examinarla.
El último de los 11 nuevos imputados, Philip McMahan Bolich, tiene su residencia en Andorra, donde el magistrado ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle.
CUATRO ESTÁN EN PRISIÓN
En la operación Pretoria hay ya un total de 20 imputados, de los que cuatro -los exaltos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el exalcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y el exdiputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García- están en prisión.
Mientras, cinco se mantienen en libertad bajo fianza: el exconcejal de Urbanismo en Santa Coloma de Gramenet Manuel Dobarco, el gerente de los servicios municipales de este municipio, Pasqual Vela, los empresarios Lluís Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo.
INTERROGATORIOS DE AYER
Ayer, Garzón interrogó a las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, al exedil de CiU en Mataró y excoordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó, al administrador de Niesma Corporació, Manuel Valera, y al arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluís Falcón.
El fiscal anticorrupción Luis Pastor no pidió ninguna medida cautelar para ninguno de los imputados, que continúan en libertad y que se desvincularon de la trama de corrupción urbanística que operaba en las localidades barcelonesas de Santa Coloma de Gramenet, San Andrés de Llavaneres y Badalona, donde supuestamente defraudó un total de 44.754.000 euros.
