E n los recitales de Elvis Presley era habitual que, una vez concluida la actuación, un locutor pronunciara por megafonía la frase «Elvis ha abandonado el edificio» con el fin de disuadir a los espectadores de salir desordenadamente del local para tratar de mantener algún tipo de contacto con el Rey y evitar así una algarada. Con el tiempo, la frase hizo fortuna en la cultura popular estadounidense como forma de aludir a alguien cuya marcha de un lugar contribuye a aplacar una situación de tensión. Algo parecido es lo que se ha pretendido con el anuncio de la mudanza de Juan Carlos I, cuyas lucrativas y poco transparentes actividades como comisionista, investigadas por la justicia, han generado en los últimos meses un goteo de informaciones que amenazaba con sacudir los cimientos de la institución que él encabezó durante 40 años.

Consciente de la necesidad de dar una respuesta al escándalo, la Corona anunció a media tarde del lunes que el padre de Felipe VI había abandonado el edificio para marcharse a vivir fuera de España. Pero desde entonces ya no ha dicho nada más. Y tampoco el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha querido (o acaso no ha podido) aportar luz alguna sobre una operación de extraordinaria importancia política y de enorme carga simbólica en torno a la que empiezan a acumularse los interrogantes.

Las especulaciones con mayor apariencia de fiabilidad situaron ayer a Juan Carlos I en la costa caribeña de la República Dominicana, donde su amigo el magnate azucarero Pepe Fanjul posee un lujoso complejo residencial, pero Pedro Sánchez, que compareció ante la prensa para hacer balance del curso político, evitó dar pistas sobre el paradero del Rey emérito. Primero alegó desconocimiento («no tengo esa información», dijo) y más adelante se escudó en la obligada discreción que preside sus comunicaciones con Felipe VI. «Los asuntos de los despachos entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno son reservados y confidenciales», declaró.

En ese reparto de papeles, a Sánchez le correspondió, pues, defender la idoneidad de la decisión anunciada el lunes por la Zarzuela, cosa que hizo subrayando que «aquí no se juzga a instituciones, sino a personas» y poniendo el énfasis en la encomiable voluntad de «alejarse» de la figura de Juan Carlos I que, a su juicio, manifiesta la Corona con esta maniobra.

También quiso recordar Sánchez que, si llegara a darse el caso, esa distancia no impediría la acción de los tribunales, puesto que «el Rey emérito ha dejado claro que está a disposición de la justicia». De hecho, Juan Carlos I puede desplazarse con absoluta libertad porque, por el momento, no se le ha abierto ninguna causa judicial. Si esta circunstancia se llegara a producir, sería el Tribunal Supremo el encargado de juzgarle, y el padre de Pablo VI podría acogerse a su derecho a declarar por videoconferencia, tal como hará su examiga Corinna Larsen desde Londres en el llamado caso Carol.

Una cosa sí está clara. Juan Carlos I no pasará este mes de agosto en el Palacio de Marivent, la residencia palmesana a la que este fin de semana llegarán Felipe y Letizia (que tienen previsto recorrer Baleares para interesarse por las consecuencias de la crisis generada por la pandemia) y donde ya espera la reina Sofía, que con seguridad no acompañará a su marido en ese exilio forzoso. Sea donde sea. H