Felipe Martínez Rico, subsecretario de Hacienda desde noviembre de 2016 a junio de 2018, detalló ante el tribunal del ‘procés’ cómo se fue incrementando el control de las cuentas de Cataluña en función del empeoramiento de su calificación hasta la de bono basura, la aparición de partidas relacionadas con actos prohibidos con el Tribunal Constitucional y las declaraciones de sus dirigentes.

El testigo que inauguró la sexta semana del juicio contra los 12 líderes independentistas detalló las siete denuncias a fiscalía reveladas por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y con mucha más concreción por quien era ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Respecto a si ese control pudo evitar la malversación por la que se juzga a los acusados, Martínez Rico dijo que "el sistema de certificación llega hasta donde llega. La realidad es mucho más compleja".

"Una contratación irregular contraria a las pautas del sector público es irregular y por tanto quedaría al margen del control", explicó, para añadir que "cuando se entendió" que la información remitida por Cataluña "no era completa o exacta se tomaron medidas. Se denunció a fiscalía.

Al ser preguntado en concreto por la entrevista de Montoro en la que negó que un euro se dinero público se hubiera destinado al 1-O, el testigo afirmó que "dentro del marco de control y seguimiento presupuestario el ministerio hizo todos los elementos a su disposición de la actividad presupuestaria, pero la realidad material puede ser otra.