El Ministerio de Exteriores y Cooperación ha convocado este miércoles a la embajadora de Bolivia en España para que dé "explicaciones" al secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, sobre la nacionalización de Sabsa, filial de Aena y Abertis. En función de las explicaciones que dé Bolivia en este encuentro, que tendrá lugar a las 17.00 horas de este miércoles, el Gobierno español "actuará en consecuencia", en palabras del propio ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El Gobierno boliviano se ha comprometido ante el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación a llegar a una "solución satisfactoria" para indemnizar a Red Eléctrica Española, Iberdrola y Abertis, cuyas filiales en el país andino han sido nacionalizadas en los últimos meses, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
El jefe de la diplomacia española ha conversado esta tarde con el ministro boliviano de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien ha reconocido "retrasos" en los procesos iniciados para pagar un justiprecio a Red Eléctrica e Iberdrola, afectadas por sendas nacionalizaciones en mayo y diciembre pasados.
Quintana ha prometido al ministro, siempre según las mismas fuentes, la voluntad del Ejecutivo de Evo Morales de "acelerar" estos dos procesos y de llegar en los tres casos, también en lo que se refiere a la reciente expropiación de Sabsa, filial de Abertis, a una "solución satisfactoria".
La conversación entre ambos se produce después de que el Gobierno español haya amenazado en un comunicado oficial con "replantearse el conjunto de las relaciones bilaterales" con Bolivia tras esta tercera nacionalización de una empresa española realizada sin previo aviso y de una forma que ha irritado sobremanera al Gobierno español, que ve innecesario haber ordenado a las fuerzas de seguridad custodiar las instalaciones de las empresas para garantizar la ejecución de la medida.
De hecho, la diplomacia española llegó a pedir públicamente a las autoridades bolivianas "más cuidado en las formas" a la hora de proceder a estas nacionalizaciones, pero el Gobierno de Morales hizo caso omiso y tras anunciar la nacionalización de Sabsa desplegó tropas del Ejército en los aeropuertos gestionados por la filial de Abertis.
El Gobierno ha reiterado en diversas ocasiones que no cuestiona el derecho soberano de un país de nacionalizar empresas en sectores estratégicos, pero lo que sí exige es que se pague una indemnización justa a la compañía afectada por la medida, lo que no ha ocurrido hasta la fecha con ninguna de las empresas españolas afectadas.
