El subsecretario de Asuntos Exteriores, Luis Calvo, convocó ayer al nuncio del Papa en España, monseñor Manuel Monteiro de Castro, para trasladarle, la "extrañeza" del Gobierno ante el contenido del discurso en el que Juan Pablo II acusó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de practicar políticas que restringen la libertad religiosa.
El polémico discurso ha provocado una minúscula pero significativa crisis diplomática. Calvo, a través de un comunicado, explicó ayer que el Gobierno español ha tenido que recordar a la Santa Sede, por ejemplo, que el régimen docente de la enseñanza religiosa, al que el Papa hizo críticas referencias, está regulado por un acuerdo que ambas partes firmaron en 1979.
La disputa ha alcanzado suficiente enjundia como para que, desde Buenos Aires, el propio presidente respondiera ayer a Juan Pablo II casi como si de un líder de la oposición se tratara. Según Zapatero, los reproches del Papa fueron "exagerados".
Desde el "profundo respeto" a Juan Pablo II, cláusula de estilo indispensable en estas lides, Zapatero reconoció que el Papa "tiene todo el derecho a expresar su opinión sobre las políticas que llevan adelante los gobiernos de uno u otro signo". Pero, si bien anunció que se iba a limitar a "expresar ese respeto", el presidente no declinó la oportunidad de poner las cosas en su sitio.
LIBERTAD RELIGIOSA "Cualquier español puede considerar que es quizá exagerado decir que hay algún problema en torno a la libertad religiosa en España", sentenció antes de proseguir su viaje oficial a Chile. Y argumentó que el país vive "el momento de mayor libertad religiosa, ideológica y política de toda su historia". Porque "así lo proclama la Constitución", pero también, remachó, porque "así lo demuestra la práctica diaria".
A la máxima autoridad vaticana Zapatero le respondió ayer con los mismos argumentos que emplea ante los ataques de la Conferencia Episcopal Española. Que a juicio del Ejecutivo es, con el cardenal Antonio María Rouco Varela al frente, la principal instigadora de los reproches vertidos el lunes por el Papa.
El presidente dijo que su Gobierno no pretende enfrentarse a la jerarquía eclesiástica sino aplicar sus compromisos electorales. Y recordó que el Ejecutivo tiene, de acuerdo con sus promesas electorales, un "programa legislativo de extensión de los derechos de ciudadanía".
Zapatero sentenció que el Gobierno "cumple su programa electoral" igual que "respeta escrupulosamente los acuerdos que tiene con la Santa Sede". Es decir, que la Iglesia carece de motivos para sentirse agraviada porque conserva una dotación económica del Estado.
