Carlos Fabra se defendió ayer de las acusaciones del empresario Vicente Vilar que han supuesto su imputación por delitos contra la Administración Pública, entre ellos cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Lo hizo en el juzgado número 1 de Nules, ante cuya titular, Isabel Belinchón, reconoció haber cobrado de Vilar, pero siempre por informes reales sobre aspectos "laborales y financieros" del grupo Naranjax, propiedad del empresario. Según diversas fuentes jurídicas, el presidente de la Diputación de Castellón presentó a la juez estos estudios, realizados por Carmacas, la asesoría que Fabra compagina desde 1995 con su cargo político.

También admitió que se reunió en otoño del 2000 con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, en presencia de Vilar, pero "para tratar de cosas generales" y no para forzar la autorización de productos fitosanitarios, y negó haber mediado ante Aznar.

Vilar aseguró, en dos querellas contra Fabra, que pagó al político para que influyera ante el Gobierno en la "agilización" de permisos de fabricación de plaguicidas y herbicidas, uno de los cuales llevaba paralizado "más de dos años". Según Vilar, un mes después de una reunión celebrada en 1998 con el ministro Jesús Posada, este producto fue autorizado.

Fabra nunca ha negado que intercediera ante dos ministerios y, tanto Posada como otros altos cargos del PP, han admitido haberse reunido con él. El ahora imputado basa su defensa en que nunca cobró por estos contactos, y que sus actividades siempre han sido compatibles con el cargo que desempeña. Ni él ni su esposa, Amparo Fernández, que declaró después, también como imputada, quisieron responder a las preguntas del abogado de Vilar, Vicent Picher. El abogado de Fernández, Wenley Palacios, afirmó a la salida que Fabra negó haber recibido un maletín con 150.000 euros del industrial, y acusó a Vilar de "fabricar" las pruebas.