La decisión de Hacienda de frenar la salida a los mercados financieros de Andalucía por incumplir en el 2018, cuando gobernaba el PSOE, los objetivos de estabilidad presupuestaria ha desatado una polémica desbocada entre la Junta y el ministerio de María Jesús Montero, que fue consejera andaluza de Hacienda hasta junio del año pasado.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una rectificación en la decisión de «intervenir» a Andalucía. El líder del PP, Pablo Casado, pidió la comparecencia de Montero en el Congreso. La portavoz de Cs, Inés Arrimadas, tildó de «demencial» y «sectario» el «ataque» a la Junta. Y Vox denunció que Sánchez ha decidido aplicar el artículo 155 en Andalucía como «vendetta».
«El Ministerio de Hacienda no ha intervenido la Junta de Andalucía», reaccionó a través de un comunicado Hacienda, que exige nuevos ajustes por el déficit de un ejercicio en que Andalucía estuvo gobernada por el PSOE. Estos ajustes, según el ministerio, deben asegurar que Andalucía cumple el Plan Económico-Financiero (PEF) que el propio Gobierno regional ya entregó en julio. «Es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide que Andalucía pueda acudir a los mercados», según Hacienda.
Los datos definitivos del 2018, conocidos en octubre, muestran que el déficit andaluz se situó en el 0,5%, una décima por encima del objetivo. El gasto creció el 5,8%, el doble de lo permitido (2,7%). Según la ley, estas dos circunstancias impiden que una comunidad pueda buscar su financiación en los mercados.
Acudir al FLA
Andalucía tendrá que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que proporciona dinero a tipo cero. A cambio, conlleva una mayor vigilancia presupuestaria que --sin llegar al control reforzado de Cataluña ni a la intervención del 155--, es la misma de Valencia, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Cantabria y la que han soportado casi todas las autonomías alguna vez desde el 2012.
