El juez Baltasar Garzón dejó ayer en libertad bajo fianza de 20.000 euros al jefe de administración de Azkoyen, Jesús Marcos Calahorra, por haber pagado --con la autorización del consejo de administración-- 22.374 euros a ETA en noviembre del 2001. El juez ordenó, además, arrestar al profesor de la Universidad vasca Alfonso Martínez por ser presunto intermediario de ETA en la operación.
El magistrado dio ayer un paso más en su investigación contra la nueva red de extorsión de la banda, dirigida por el aparato económico de la organización, llamado Gezi.
En los documentos intervenidos a ETA consta una nota interna de la banda en la que, en septiembre del 2001, aludía a la "satisfacción por Azkoyen de la deuda que tenía con nosotros". El juez ha podido establecer que la empresa, fabricante de máquinas expendedoras, empleó un complejo sistema financiero para evitar que el pago figurara en la contabilidad de la sociedad. Y para cambiar en divisas los 37 millones de pesetas (222.000 euros) pagados a ETA.
El encargado de esas operaciones, según Garzón, fue Calahorra, que siguió órdenes de sus superiores y trasladó el dinero a la localidad francesa de Vert, donde lo entregó a dos personas no identificadas. Por sus gestiones, recibió 6.000 euros.
Para el magistrado, el directivo ha incurrido en un delito de allegamiento de fondos a organización terrorista. Calahorra, según Garzón, siguió una orden "manifiestamente ilegal", consciente del destino final del dinero. Considera que los hechos imputados aconsejarían prisión, pero le deja libre al tener en cuenta su situación familiar y personal.
ARRESTADO EN LA UNIVERSIDAD Además, el juez ordenó ayer la detención de Martínez, profesor de Lógica de la Facultad de Filosofía de la Universidad del País Vasco, al ser la persona que actuó en nombre de ETA en las gestiones que la banda mantuvo con Azkoyen. La policía también registró su vivienda.
