La tensión entre el Gobierno y el PP se agudiza cada día. Ayer fue a causa de una filtración del entorno de ETA a su diario de cabecera, Gara , que sostenía que José Luis Rodríguez Zapatero suscribió en febrero compromisos con la banda terrorista que propiciaron la declaración de alto el fuego permanente del 22 de marzo. El Ejecutivo desmintió "por completo" las afirmaciones de esa publicación, pero el PP les dio absoluta credibilidad, al concluir que "confirman los peores augurios" sobre un proceso de paz que consideran ya "ilegal".
El diario aberzale cita "diferentes y dispares fuentes conocedoras del proceso" para afirmar que "el Gobierno y ETA cerraron un acuerdo, con compromisos y garantías por ambas partes", un mes antes de que la banda declarase el alto el fuego. Los etarras --sostiene Gara -- prometieron "no realizar acciones contra personas ni bienes" y renunciar "al abastecimiento de armas y explosivos" desde el alto el fuego. A cambio, siempre según el periódico, el Ejecutivo de Zapatero se comprometió a "respetar las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos", a "reducir la presión policial" en el País Vasco y Navarra, y a "aceptar de facto" la normalización política de Batasuna.
"PANFLETO" El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, calificó a Gara de "panfleto" y desmintió "por completo" sus "intoxicaciones". Su compañero de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, optó por recordar que el Gobierno lleva este proceso con arreglo a tres límites: la Constitución, el Estado de derecho --"de obligado cumplimiento para el Gobierno"-- y la ley de partidos --"de obligado cumplimiento para todos los partidos políticos que quieran participar en el juego democrático en España"--. Rubalcaba añadió que la primera reunión con ETA aún no se ha producido y que él mismo informará al Congreso en septiembre del contenido de ese contacto.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acusó a los populares de querer "deformar la realidad hasta la extenuación, buscando complicidades aun a costa de retorcer la verdad". El presidente del Senado, Javier Rojo, instó a Rajoy a presentar una moción de censura contra Zapatero o a dimitir si no la presenta, después de que asegurase que el jefe del Gobierno "no representa al Estado".
La rotundidad del Gobierno al desmentir la información de Gara no conmovió al PP. Su secretario general, Angel Acebes, consideró que esa noticia constata que España "no está ante un proceso de paz", sino ante "un proceso trampa, un proceso de negociación con ETA y un proceso al margen de la ley". Motivos que estimó sobrados para exigir a Zapatero que "explique qué está haciendo, qué compromisos tiene, a qué acuerdos ha llegado, por qué habló del derecho a decidir de los vascos, por qué se reúne con Batasuna y por qué habla de dos mesas". Opinó que "se van cumpliendo los peores augurios" porque "se confirman los compromisos entre el Gobierno y ETA-Batasuna" que denuncia el PP desde que retiró su apoyo a Zapatero el 6 de junio.
DESMARQUE CONSERVADOR El empeño del Gobierno por mantener la discreción sobre la marcha del proceso hasta tener resultados no contará con la connivencia del PP.
Los conservadores aprovecharán mañana la Diputación Permanente del Congreso para pedir que Zapatero y Rubalcaba expliquen las últimas informaciones sobre el proceso de paz, especialmente las que revelaron que dos policías alertaron a un etarra --detenido en la última operación contra la red de extorsión terrorista-- sobre la posibilidad de que iba a ser arrestado.
