El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira sostiene que los delitos cometidos durante la dictadura militar argentina (1976-1983) han prescrito. Este es uno de los argumentos que esgrime en el recurso que ha presentado contra la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de solicitar al Gobierno de José María Aznar la entrega de un primer grupo de 26 militares reclamados por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo.
Rubira reitera sus alegatos contra el proceso que instruye Garzón sobre los crímenes de la dictadura argentina, es decir, falta de jurisdicción de la justicia española para perseguir esos delitos. Aunque ahora el fiscal también argumenta que esos delitos han prescrito, ya que el Código Penal español establece que los delitos prescriben a los 20 años de su comisión.
NI GENOCIDIO NI TERRORISMO
Además, el fiscal rechaza que la actuación de los militares pueda encuadrarse en un delito de genocidio. Y descarta, asimismo, que puedan definirse como actos terroristas pues "el Estado, ni ninguna de sus instituciones, pueden practicar terrorismo, ya que faltaría siempre el elemento de querer subvertir la paz social o el orden constitucional".
Rubira celebra el cambio político y judicial que ha experimentado Argentina por lo que, dice, no es necesaria la intervención de la justicia española. Y rechaza que esa intervención esté amparada en convenios internacionales.
NO PARALIZA EL RECURSO
No obstante, el recurso del fiscal no paraliza la decisión del juez Baltasar Garzón. El magistrado de la Audiencia Nacional tiene previsto solicitar hoy la entrega de otros 14 militares argentinos. Esas demandas de extradición tienen que ser aprobadas por el Consejo de Ministros y llegar a Argentina antes del 2 de septiembre para evitar que los detenidos sean puestos en libertad.
