El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha reclamado las listas de los interventores que el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en euskera) utilizó en las elecciones del 17 de abril, así como las de los interventores que usó Euskal Herritarrok --antecedente de la ilegalizada Batasuna-- en el 2001 para cotejarlas. Conde-Pumpido dijo ayer que, si son los mismos, "puede ser un elemento probatorio importante para un futuro proceso de ilegalización".
Sin embargo, el fiscal general señaló que una demanda de ilegalización no puede presentarse "de forma precipitada" y explicó que el procedimiento no es electoral, sino que debe plantearse según la ley de partidos. Por ello, avisó de que es "probable" que no pueda presentarse antes de que se constituya el Parlamento vasco, por lo que no cambiará la distribución de la Cámara, donde EHAK ha obtenido 9 escaños.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió que esta investigación es "un acto más de los que viene realizando la fiscalía" desde que EHAK concurrió a las elecciones.
Desde el PP se vio de forma muy distinta. Su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, la calificó de "tomadura de pelo" y "lavado de cara". Y remarcó que "lo que debe hacerse es recurrir hoy mismo" para evitar que los diputados electos de EHAK puedan tomar posesión de sus cargos en el Parlamento. Y dijo que el papel de la fiscalía y del Gobierno en este tema es "bochornoso" y "de vergüenza ajena".
Mientras, Juan José Ibarretxe dijo ayer tener "la certeza" de que será lendakari. De momento, presidirá un Gobierno tripartito en minoría de PNV, EA e IU- Ezker Batua (32 de 75 diputados) a base de "acuerdos puntuales" con "cualquiera" de las cuatro fuerzas políticas que estarían en la oposición.
