La fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que no reclamará la expulsión de los piratas somalís Cabdiwelli Cabdullahi, alias Abdu Willy , y Raageggesey Hassan, a los que acusa de 36 delitos de detención ilegal, uno de robo con violencia y otro de uso de armas por los que solicita más de 200 años de cárcel. El futuro de los bucaneros queda así en manos del Gobierno, que deberá decidir si los indulta o los extradita a Somalia cuando la sentencia sea firme.

La institución que dirige Javier Zaragoza puso fin a las especulaciones que apuntaban a la expulsión de los corsarios como la mejor salida para favorecer las negociaciones que el armador mantiene con los piratas que el pasado 2 de octubre secuestraron a los 36 tripulantes del atunero vasco Alakrana .

En un escrito dirigido al juez Santiago Pedraz, la fiscalía deja claro que no va a solicitar la expulsión de los dos piratas porque la legislación vigente no se lo permite. La ley de extranjería autoriza la expulsión de los extranjeros a sus correspondientes países si los delitos por los que han sido condenados no superan los seis años de prisión. En este caso no es posible porque el delito de secuestro está castigado con penas que oscilan entre los seis y los 10 años de cárcel.

FRAUDE LEGAL Fuentes jurídicas recordaron que los extranjeros condenados a seis años y un día de prisión no pueden ser expulsados de España. Por ello, consideraron que sería "un fraude de ley" enviar a Somalia a los corsarios, ya que pueden ser castigados con más de 200 años de cárcel. También justificaron la decisión de no imputarles un delito de asociación ilícita por razones técnicas.

El juez Pedraz tiene previsto comunicar hoy a los bucaneros el auto de procesamiento que dictó ayer contra ellos. En la resolución se les acusa de "formar parte de un grupo armado de personas" procedentes de la costa de Somalia que secuestraron el barco "con la intención de obtener un rescate del armador del buque". Los piratas fueron detenidos el 4 de octubre por la fragata Canarias en el Indico. Los militares españoles les intervinieron "seis móviles, una navaja de Albacete y 2.500 dólares".

VERSION RECHAZADA En su declaración, los dos bucaneros se presentaron como víctimas de los piratas. El magistrado rechazó esta versión tras los informes recibidos del Estado Mayor de la Defensa y la Comisaría General de Información, y después de analizar el contenido de los teléfonos móviles que portaban.

El juez concluirá el sumario, la fiscalía presentará sus conclusiones y la sección cuarta enjuiciará a los detenidos. Una vez que la sentencia sea firme, el Gobierno puede indultarlos o enviarlos a Somalia para que cumplan la pena. Según fuentes jurídicas, es más difícil trasladarlos a Kenia si no les reclama este país o lo exige la UE.