Ya están todos. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, confirmó ayer que la fiscalía va a reclamar ante el Tribunal Supremo la ilegalización de ANV y EHAK, y ante el juez Baltasar Garzón, la suspensión de actividades de estos partidos. Con este anuncio se cierra la ofensiva del Gobierno contra estas organizaciones. El Ejecutivo autoriza hoy al Abogado del Estado a actuar contra estas fuerzas mientras Garzón ha iniciado el proceso de suspensión de las actividades de estas organizaciones.

Conde-Pumpido, que presidió una reunión con fiscales europeos, aprovechó una rueda de prensa para confirmar una decisión anunciada: "La fiscalía presentará una demanda de ilegalización ante el Tribunal Supremo contra ANV y EHAK", a principios de la próxima semana. El fiscal del Estado reveló que acusará a EHAK de "colaborar habitualmente con organizaciones Batasuna que de forma sistemática apoyan el terrorismo".

LAS PRUEBAS Este partido, según un informe policial, ha pagado el salario de 39 miembros de la fuerza ilegal. El fiscal desveló que la policía tiene pruebas que acreditan que EHAK cedió su sede en Usurbil (Guipúzcoa) para que Batasuna mantuviera reuniones clandestinas y escondiera documentación.

Por su parte, ANV será demandada por negarse a condenar los atentados de ETA, por apoyar a los etarras que colocaron el coche bomba en Barajas el 30 de diciembre del 2006 y por la relación que tiene con dirigentes de la fuerza ilegal, a la que ha pedido asesoramiento reiterado.

En sus demandas, la fiscalía pedirá a los jueces del alto tribunal que suspendan cautelarmente las actividades de EHAK y ANV hasta que termine el proceso de ilegalización, que se puede prolongar varios meses. Conde-Pumpido confirmó que reclamará al juez Garzón que suspenda penalmente las actividades de estas fuerzas. Y se comprometió a iniciar un proceso de impugnación de listas electorales ante el alto tribunal si los jueces no acuerdan la suspensión de sus actividades antes de que se proclamen las candidaturas en febrero.

El fiscal del Estado justificó la presentación de estas demandas, en estos momentos, porque los escritos "tienen que ir acompañados de pruebas". "Hemos actuado cuando hemos dispuesto de información policial", afirmó.

REPLICA El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicó ayer a Mariano Rajoy que se ilegaliza un partido "cuando hay pruebas suficientes, no basta con una convicción moral o política". Rubalcaba reprochó a Rajoy que, por su etapa al frente del ministerio, debería saber que "no se ilegaliza un partido cuando quiere el Gobierno o el jefe de la oposición".