La Fiscalía Anticorrupción investigará si el exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega recibió presiones del PP para favorecer a una empresa constructora en un concurso para adjudicar parcelas municipales. Dos ediles socialistas presentaron una denuncia por prevaricación y tráfico de influencias ante la Fiscalía General del Estado y Cándido Conde-Pumpido trasladó ayer la investigación a Anticorrupción dada la trascendencia y complejidad del caso.
La denuncia, presentada formalmente el 21 de febrero por dos ediles socialistas del municipio, Ricardo Núñez y Manuel Fort, no acusa a ninguna persona de forma directa, pero afirma que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el actual alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, entre otros, han intervenido. La secretaria de política institucional de la Federación Socialista Madrileña (FSM), Ruth Porta, ha acusado a la cúpula del PP madrileño de estar "conectada" con la operación urbanística. En concreto, Porta señala a Aguirre, al actual secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, y al anterior, Ricardo Romero de Tejada. Según el decreto que ayer emitió el fiscal general para trasladar el caso a Anticorrupción, el exalcalde recibió presiones por parte de miembros del PP de Majadahonda, de la organización del partido en Madrid y de constructores privados.
El objetivo era "evitar que dos parcelas de suelo de propiedad municipal fueran enajenadas a la empresa que, entre las 12 concursantes, resultase seleccionada". Y añade que el fin era que se adjudicasen "al margen de los criterios legales y contractuales a la sociedad AFAR-4", que participaba en el concurso. La denuncia explica que el arquitecto municipal modificó un informe de valoración de las ofertas para que AFAR-4 recibiera la mejor calificación. Las parcelas valen 48 y 35 millones de euros.
La sociedad AFAR-4 es propiedad del constructor Antonio Cubo, íntimo amigo de Romero de Tejada. Este último creó en 1992 la empresa pública Pammasa para gestionar toda la actividad urbanística del municipio. El presidente de esta empresa es el anterior concejal de Urbanismo y actual alcalde, Narciso de Foxá.
"EL PERMUTAZO" Los socialistas hablan de "trama financiera" y "permutazo" en Majadahonda para descapitalizar el ayuntamiento, ya que éste cedía a Pammasa parcelas municipales de uso libre para que se construyeran viviendas protegidas. La empresa vendía los derechos de construcción de las viviendas a promotoras, que edificaban vivienda libre en los terrenos y retornaban las parcelas sobrantes al ayuntamiento abonándole 30.000 euros por cada piso protegido que habían dejado de construir. Después, el ayuntamiento debía asumir su construcción.
