El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Ricard Cabedo, ha citado hoy a los diputados socialistas que grabaron conversaciones con dos empresarios implicados en la trama de las facturas falsas de Terra Mítica, en las que estos afirmaron que Eduardo Zaplana, ahora portavoz del PP en el Congreso, cobró comisiones de las obras del parque.
Los diputados del PSPV Antoni Such y José Camarasa presentaron una denuncia por si de lo manifestado por los empresarios José Herrero y Antonio Moreno "se pudieran derivar consecuencias penales". Moreno y Herrero revelan en la grabación que entregaron dinero a Vicente Conesa, encargado de repartir los contratos de construcción del parque, y este "repartía la pasta con Zaplana".
Such y Camarasa deben confirmar hoy su denuncia como paso previo para que el fiscal inicie nuevas acciones, entre las que podría estar la declaración de los empresarios y la entrega de los documentos contables que dicen tener para demostrar sus acusaciones. Ambos buscaban ayuda política y económica de los socialistas para salir bien parados de la trama descubierta por Hacienda. Al no obtener lo que buscaban, no entregaron los documentos, pero ahora la justicia se los podría reclamar.
DENUNCIA "BURDA Y CANALLA" En una maniobra para presionar al fiscal, Zaplana reiteró ayer que Cabedo le garantizó el viernes por teléfono que de la denuncia socialista "no se deducía absolutamente nada" contra él. Se mostró confiado en que el fiscal no "haya cambiado de opinión" y descalificó la denuncia por ser "lo más burdo y canalla que se puede hacer en política".
Después de avisar de que estas "insinuaciones" no le harán "callar", el dirigente del PP anunció que hoy se querellará contra los cuatro participantes en la grabación y una quinta persona a quien no identificó.
Si el martes fue el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, quien, después de tres días de silencio, se decidió a defender "sin fisuras" a Zaplana, ayer las palabras de apoyo fueron del jefe del PP, Mariano Rajoy, para quien las cintas son "una cortina de humo" con la que desviar la atención de asuntos que perjudican al Gobierno. Rajoy calificó de "sorprendente" y "muy grave" que se usen "grabaciones ilegales como arma arrojadiza".
El presidente de las Cortes valencianas, Julio de España, tachó la grabación, realizada en un despacho del grupo socialista en el Parlamento, de "acto delictivo" y comparó el hecho de "meter a presuntos delincuentes" en las Cortes con "almacenar droga". Para De España, que anunció una investigación, se trata del comportamiento "más indigno" de la historia del parlamentarismo español.
