El exdirector general de la ONCE y expresidente de Telecinco Miguel Durán se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de prisión y a una multa de 133 millones de euros (22.000 millones de pesetas) por las supuestas ilegalidades que cometió mientras gestionó la cadena televisiva. El fiscal anticorrupción Carlos Castresana acusa a otras siete personas implicadas en el caso, a las que pide penas de entre un año y ocho años de prisión, entre ellos el empresario catalán Javier de la Rosa.

LEY DE TELEVISION

El fiscal presentó ayer su escrito de conclusiones provisionales en el que describe las variaciones que sufrió el accionariado de Telecinco desde que empezó a funcionar en 1988 hasta 1996. En ese momento, la ley de televisión privada establecía la prohibición de que una misma persona o sociedad tuviera una participación superior al 25% del capital.

En 1988, la cadena de televisión era propiedad del grupo editorial Anaya (25%), del grupo empresarial italiano Fininvest (25%), de la ONCE (25%) y de la sociedad extremeña Promociones Calle Mayor (10%). El 15% restante fue adquirido por Juan Fernández Montreal, ya fallecido.

EN BUSCA DE UN COMPRADOR

Sin embargo, en los primeros meses de 1990, Anaya y Fernández decidieron vender sus acciones por lo que encargaron a Durán "que buscase un comprador". El exdirector de la ONCE llegó a un acuerdo con el empresario catalán Javier de la Rosa que aceptó adquirir por 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas) la participación de Anaya, a pesar de que ese precio era el total del paquete que salía a la venta. Durán compró las acciones de Fernández con parte del dinero que pagó De la Rosa.

Varios meses después, el empresario catalán descubrió que "había comprado las acciones muy caras" por lo que exigió una compensación y advirtió a los otros acusados de que, "de no ser compensado, desvelaría la operación encubierta (...) lo que ponía en peligro la continuidad de la concesión administrativa".

APARIENCIA FICTICIA

Para ocultar el cambio de accionariado, los acusados "se concertaron para construir y sostener mediante una apariencia documental ficticia una situación de normalidad en la titularidad accionarial que no se correspondía con la realidad".