Recta final para el juicio contra la red española de Al Qaeda. El fiscal Pedro Rubira solicita casi 200.000 años de prisión --petición sin precedentes en la historia judicial española-- para 23 terroristas islamistas. El jefe de este grupo, Iman Edin Barakat, Abu Dahdah , y dos de sus lugartenientes, se enfrentan, cada uno, a una petición de 62.512 años de cárcel por haber ayudado a los pilotos suicidas que cometieron los brutales atentados del 11-S en Estados Unidos.
El fiscal explica que este grupo se creó en 1995 para captar terroristas, después de realizar "labores de proselitismo" entre jóvenes musulmanes que vivían en España. Esa captación se llevó a cabo en la mezquita madrileña de Abu Baker. Los jóvenes, después de ser adoctrinados en la guerra santa, eran enviados a zonas en guerra, como Bosnia, Chechenia o Afganistán.
COBERTURA LOGISTICA Además, según apunta el fiscal Rubira, la red terrorista recaudó dinero para financiar las actividades de Al Qaeda y facilitó documentación falsa a los muyahidines que lo precisaban, y que también recibían apoyo logístico cuando pasaban por España. Dentro de esas labores de apoyo, Abu Dahdah "dio cobertura a los miembros del comando que realizó los ataques del 11-S" en Estados Unidos.
El fiscal relata que, el 16 de julio del 2001, Abu Dahdah se reunió en Tarragona con el jefe del comando suicida que atentó contra las Torres Gemelas, Mohamed Atta. En ese encuentro también estuvieron presentes Driss Chebli y el huido Amer el Azizi. Por ello, Rubira les imputa cooperación necesaria en cada una de las 2.500 muertes habidas el 11-S.
Además, Barakat mantuvo contacto con un miembro de Al Qaeda, residente en Suecia, en el año 2000, con el objetivo de adquirir material "para su destino en usos bélicos". Esas piezas, según consta en un informe policial, "coinciden exactamente con algunos de los mecanismos que forman parte de una clase de mina antipersonal".
LOS OTROS ACUSADOS El fiscal acusa a Ghasub al Abrash Ghalyun de ser el responsable financiero de esa red. Este terrorista reunía dinero a través de sus empresas de construcción y lo enviaba a Yemen, Turquía, Alemania y Bélgica. Entre 1996 y el 2001 hizo llegar a Al Qaeda 670.000 euros. Por ello, también se enfrenta a la misma petición fiscal de más de 60.000 años de cárcel e indemnización de 300.000 euros por cada fallecido.
El resto de los acusados están imputados por un delito de colaboración con banda terrorista y sus penas oscilan entre 7 y los 18 años de prisión. Entre ellos, destaca el corresponsal de la televisión árabe Al Jazira Tayser Alony, que está procesado por haber organizado una célula con jóvenes muyahidines en Granada, y por entregar 4.000 dólares a esta red en Afganistán, país al que viajó y en el que supuestamente entrevistó al líder de Al Qaeda, el multimillonario saudí Osama bin Laden.
El fiscal pide que declare como testigo Jamal Zugam, uno de los presuntos autores del 11-M. El juicio será esta primavera.
