El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira ha solicitado a la jueza Carmen Lamela que decrete libertad bajo fianza de 50.000 euros para el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero, que este viernes compareció ante la jueza Carmen Lamela, al serle ampliada su imputación por sedición como responsable de "un plan premeditado" para favorecer la votación el 1-O, informaron fuentes fiscales.
La última vez que compareció en la Audiencia Nacional, el pasado 16 de octubre, la Fiscalía pidió su ingreso en prisión sin fianza, pero la magistrada entendió suficiente imponerle únicamente comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono. Entonces para la intendente Teresa Laplana el ministerio público solicitó una fianza de 40.000 euros que la jueza tampoco entendió necesaria.
En esta ocasión, la tercera que Trapero tiene que venir a la Audiencia, el mayor de los Mossos acudió de paisano y no hizo el paseíllo de las inmediaciones de la Audiencia Nacional escoltados por los comisarios de los Mossos Ferran López y Juan Carlos Molinero, aunque esté le acompanó hasta la próxima calle Génova. López también vino a la Audiencia pero a declarar como testigo ante la magistrada
El motivo de esta citación es tomarle declaración en relación con el 1-O, ya que hasta ahora la causa la investigación se circunscribía a las protestas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona frente a la sede de la Consejería de Economía durante los arrestos y registros de la operación Anubis.
Entre una y otra citación, la magistrada ha tomado declaración al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, lo que le permitió conclui que la actuación de los Mossos ese día y el 1-O "fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia" y por eso "la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones" de las otras policías.
"Plan premeditado"
Con esa finalidad, se diseñó un "plan premeditado", "que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico", al que aludía el documento Enfocats.
Dos días después de que Lamela notificara este auto, la Fiscalía pedía ampliar la investigación a la cúpula de los Mossos para imputar también al entonces superior de Trapero, el exdirector de la Policía autonómica Pere Soler; y al exsecretario general de Interior César Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, que se encuentra en prisión junto a Oriol Junqueras y los Jordis.
Según la Fiscalía, mientras Soler y Trapero "se vieron en la obligación de transmitir la sensación" de que acatarían la orden de cerrar los centros de votación, "en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo".
Realmente -añadía el fiscal- actuaron de "correa de transmisión de las instrucciones" de los responsables políticos "ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la ley".
Delito de organización criminal
Además de imputar a Trapero un segundo delito de sedición, la juez ha apuntado también a la posibilidad de investigarle además por un delito de organización criminal, al entender que se trató de "una estrategia perfectamente coordinada, con arreglo a un plan común y con reparto de papeles".
La juez cree que Trapero se encargó del diseño de "un sistema de comunicación entre los agentes" y "sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación", por lo que ha reclamado a los Mossos que identifiquen a las personas y los medios empleados en ese operativo.
