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CORRUPCIÓN en CATaluña

El fiscal pide al Supremo que impute a Borràs por prevaricación y fraude

Sostiene que utilizó conceptos e importes «inventados» para fragmentar los costes. Atribuye cuatro delitos a la diputada de JxCat por 18 contratos irregulares

 

Laura Borràs, durante la constitución del Congreso, ayer. - DAVID CASTRO

Ángeles VázquezSClB epextremadura@elperiodico.com MADRID
04/12/2019

El fiscal del Tribunal Supremo, Javier Zaragoza, no tiene duda: el alto tribunal debe investigar a la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude administrativo y falsedad de documento por el fraccionamiento de 18 contratos para beneficiar a un amigo suyo, el informático Isaías Herrero, con conceptos e importes «inventados», mientras ella estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), entre enero del 2013 y el mismo mes del 2018.

El fiscal de Sala hizo suya la exposición razonada enviada por la jueza de instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, que es demoledora contra la diputada, al incluir correos en los que ella misma indica a Herrero la fragmentación de contratos para que no superen los 18.000 euros y así evitar que deban ser adjudicados a través de un concurso público.

También aparecen conversaciones telefónicas en las que se oye a Herrero jactarse de su relación «personal y profesional» con la actual diputada y cómo ello le aseguraba «facturar trapis» a la ILC a través de la adjudicación de contratos. «Imagínatela de ministra y dándome trabajo», presumía. En un correo electrónico, la dirigente de JxCat le indicó que debía hacer tres presupuestos, el suyo y otros dos con ofertas inexistentes, y le añadía el comentario: «No sufras porque el dinero lo tiene reservado; hacemos los retoques necesarios».

El fiscal sostiene que en los años en que se tramitaron los 18 contratos bajo sospecha, Borràs, como directora de la ILC, «tenía asignada la función de órgano de contratación, y en cumplimiento de la misma propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó su pago». El importe total supuestamente defraudado ascendió a 259.863 euros, sin IVA.

Como diputada solo puede ser investigada y, en su caso, juzgada por el Supremo. Será necesario solicitar un suplicatorio a la Cámara baja para poder interrogarla como imputada. La otra posibilidad es que ella comparezca voluntariamente ante el alto tribunal sin necesidad de que el magistrado instructor la cite formalmente como imputada.

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