La Fiscalía Anticorrupción esperará hasta después de las elecciones del domingo para presentar el dictamen solicitado por el juez Baltasar Garzón el pasado miércoles sobre los nuevos aforados en la trama de corrupción que afecta al PP. La fiscalía necesita más tiempo para estudiar el contenido del informe policial, de más de 100 páginas, que describe el funcionamiento de la red del caso Correa.

Anticorrupción hizo pública ayer una nota donde informa, "con el respeto exigido por el secreto de las actuaciones", que ha contestado en plazo a requerimientos de Garzón los días 12, 18 y 19 de febrero. Además, las fiscalas Concepción Sabadell y Miriam Segura empezaron ayer a analizar "el informe policial", que les llegó el miércoles, con "nuevos datos" que, según Garzón, dan lugar a "la aparición de un posible caso de aforamiento", en el que sería competente el Tribunal Supremo.

El magistrado les instó a informarle hoy si apoyarían que la investigación de la trama corrupta se remita íntegramente al Supremo y no se desgaje entre los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia. La fiscalía informó ayer de que emitirá su dictamen cuando acabe el estudio del documento policial.

LAS CAUSAS Fuentes fiscales han explicado que Anticorrupción estudia con mucho detenimiento el informe policial ya que, hasta la recepción de este documento, solo había detectado pruebas contra cinco aforados. El 19 de febrero reclamó a Garzón que remitiera el grueso de la instrucción al Tribunal Superior de Madrid, al haber encontrado indicios contra el exconsejero de Deportes Alberto López Viejo y los parlamentarios Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco. Y al Tribunal Superior de Valencia para investigar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otro parlamentario valenciano.

Por ello, la fiscalía quiere ser muy prudente al imputar a nuevos aforados, como el tesorero y senador del PP Luis Bárcenas. El juez no necesita este dictamen para remitir el caso al alto tribunal. Pero suele reclamarlo para que sus alegatos estén más refrendados. La sala penal del alto tribunal aplica criterios muy restrictivos al admitir causas que afectan a diputados y senadores.

REVISION El dictamen de Anticorrupción tendrá que pasar el examen de la Fiscalía del Supremo, que lo revisará antes de emitir el que le solicite el alto tribunal cuando reciba la exposición de Garzón. Por ello, la fiscalía quiere presentar un informe irrebatible. Además, el ministerio público intenta cumplir con la ley no escrita de paralizar los procedimientos judiciales en periodo electoral. Por ello, no considera procedente informar sobre nuevos aforados que ponen en el punto de mira a la dirección del PP a 48 horas de la cita electoral de Galicia y Euskadi.

Garzón continuó ayer con los interrogatorios de los imputados. Todos quedaron en libertad. Se trata de tres apoderados de las empresas que manejó Francisco Correa para montar su grupo organizado y de conocidos del cerebro de esta trama.

EL APOYO El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asumió ayer la petición de su comisión permanente, que el martes solicitó al PP que dejara de presionar al juez. El acuerdo se tomó después de que el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, pidiera disculpas por haber insinuado que Garzón prevarica en esta instrucción. El vicepresidente explicó que hizo estas críticas a título personal.

A los vocales, excepto a la progresista Almudena Lastra, les parecieron suficientes estas disculpas, por lo que renunciaron a reprobarle. Fuentes del CGPJ también justificaron su tibia respuesta en que Garzón no les ha pedido amparo.

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