El coronavirus impidió poner punto y final al juicio del mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero y la excúpula política de la policía catalana a falta de cuatro sesiones. La pandemia obligó a suspender la vista justo cuando estaban a punto de conocer los términos en los que la fiscalía de la Audiencia Nacional rebajaba la acusación que formula en su contra. Hoy saldrán de dudas cuando el ministerio público formalice su petición definitiva de pena. Será una sesión breve en la que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal adscrito al caso, Pedro Rubira, verbalizarán que el delito de rebelión del que acusaban a Trapero, al exdirector general de los Mossos Pere Soler y al exsecretario de la Consejería de Interior César Puig pasa a ser de sedición, como fijó la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. Solo la intendente Teresa Laplana estaba ya acusada de sedición.
Esa modificación era imposible eludirla después de que la más alta instancia de la justicia ordinaria no viera ese delito al juzgar los mismos hechos. Pese a ello, la fiscalía prefirió no anunciarlo en el trámite de cuestiones previas con las que se inició el juicio para evitar tener que hacer una modificación posterior.
