El fiscal Pedro Rubira defendió ayer la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar por rebelión y sedición a la excúpula política de los Mossos y al mayor del cuerpo autonómico Josep Lluís Trapero. «¿Cómo no va a afectar a la forma de gobierno lo ocurrido en Cataluña, si se quiere declarar su independencia con un referéndum ilegal?», argumentó. Y acto seguido cuestionó que en Cataluña haya «imparcialidad y serenidad» suficientes como para juzgar los hechos que se atribuyen a los acusados en esta causa.
«¿Ustedes piensan que puede haber imparcialidad y serenidad si se envía la rebelión y la sedición a Cataluña?», se preguntó el fiscal ante la pretensión del exsecretario general de la Consejería de Interior César Puig, a la que se adhirió el director de los Mossos Pere Puig, de anular la instrucción para investigarla en Barcelona o que, al menos, sea juzgada en la capital catalana. Los dos y Trapero se enfrentan a 11 años de prisión por rebelión por el asedio del 20 de septiembre a la Consejería de Economía y por los hechos del 1-O.
Finalizada la vista previa de este juicio, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, aclaró en una nota que «en ningún caso se duda de la profesionalidad de los magistrados que ejercen sus funciones en Cataluña, y en el resto del territorio nacional» y cincunscribió lo dicho por su compañero al «ambiente de crispación que existía en la sociedad catalana en torno a la celebración del referéndum del 1-O».
La fiscalía, además, reiteró «su confianza en la independencia de jueces y tribunales de Cataluña, así como en la imparcialidad de cada juez en cada caso que se somete a su jurisdicción».
En la querella que dio origen al procedimiento contra los líderes independentistas se aludía a la doctrina del Tribunal Supremo sobre «la necesidad de asegurar un clima de serenidad en el enjuiciamiento, como presupuesto de imparcialidad», que propugnaba para la causa por rebelión. Añadía que «la propia ley, al determinar el régimen de la competencia de los tribunales, abre un razonable espacio a la flexibilidad en la interpretación».
El fiscal negó cambio de criterio y aseguró que la Audiencia siempre ha defendido su competencia para investigar lo ocurrido en Cataluña. Recordó que aunque en un principio se acusaba de organización criminal y sedición, y luego se decantó por la rebelión, en el juicio puede volver a incorporar el primer delito. El abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, achacó la competencia de la Audiencia a «criterios de oportunidad o conveniencia política, de los que debería siempre escapar un tribunal de justicia» y dudó de la imparcialidad de los jueces españoles.
La defensa de Soler, ejercida por Pau Ferrer, recordó que la misma institución rechazó investigar los crímenes del franquismo. Insistió en que la rebelión y la sedición no son delitos contra la forma de gobierno y que, en todo caso, fueron derogados con el Código Penal de 1995. Por el contrario, ni Trapero ni la intendente Teresa Laplana discutieron la competencia de la Audiencia Nacional para juzgarles.
