El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled solicita en su escrito de acusación entregado este jueves al juzgado que investiga el saqueo del Palau de la Música siete años y medio de prisión y multa de 20 millones de euros para el extesorero de CDC Daniel Osàcar, por un delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales. Para el exdiputado de CiU Jaume Camps, el fiscal pide un año y medio de cárcel por tráfico de influencias. Para los que fueran máximos responsables del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, así como para la hija de este, Gemma, reclama 26 años por diferentes delitos. Los directivos de la constructora Ferrovial, Pedro Buenaventura y J. Elizaga, se enfrentan a 4 años y medio de prisión. Para el resto de los diez acusados, las penas que la acusación pública pide van de tres años a nueve y seis meses.
El fiscal resume en su escrito los factores que permitieron el expolio del Palau y que, en su opinión, son "elementos sociológicos e incluso psicológicos", sin los cuales no es posible asimilar la dimensión de los hechos y entender cómo resultó posible su comisión. Primero cita el arraigo histórico y el "merecido prestigio cultural" del Orfeó Català en la sociedad catalana, dos elementos que fueron "hábilmente explotados" por Millet y sus "compinches2 para enmascarar sus "ilícitos manejos, incluso los más turbios".
A esta situación, el fiscal suma la "notable destreza" del que fuera presidente del Palau a la hora de acometer su conducta y la de sus colaboradores, "un engañoso marchamo" de respetabilidad con el que lograba eludir en la práctica cualquier tipo de control sobre su gestión. Que Millet pudiera cometer el expolio "de forma pertinaz" y continuada durante tantos años sin que nadie formulara reparos o diera la voz de alarma solo se explica por el paisaje situado al fondo del escenario, donde se observa un "círculo socio-económico y político ensimismado", donde intereses compartidos de todo tipo "convergieron en una conveniente ceguera".
"Un verdadero peaje"
Para el fiscal, "resulta indiscutible" que el perjuicio social de las conductas delictivas relatadas en el presente escrito va más allá de la cuantía de fondos públicos y privados desviados y de ahí "la cólera ciudadana" ante la magnitud del saqueo y la gravedad de los hechos.
El fiscal detalla el "acuerdo criminal" fraguado por los directivos de la constructora Ferrovial para que a partir de 1999, a través del Palau de la Música, se pagara comisiones por importes de 6,6 millones de euros a CDC, participando en su "financiación ilícita". Se trataba de garantizar una actitud proclive a Ferrovial que se materializara en resoluciones favorables a dicha compañía en la concesión de obras públicas. Un "verdadero peaje", según Anticorrupción. En ese mecanismo, incide la acusación, colaboraron Camps y Osàcar.
