La fiscalía echó ayer un cable a Baltasar Garzón al oponerse a que el juez de la Audiencia Nacional sea suspendido cautelarmente, y pidió además al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que espere a que el Tribunal Supremo (TS) procese al magistrado por alguna de las tres querellas que ha admitido a trámite antes de aplicar esa medida. El dictamen es preceptivo, aunque no es vinculante. La decisión debe ser tomada en el transcurso del pleno del órgano de gobierno de los jueces.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo, recurrió a la doctrina del propio Poder Judicial para explicar a los vocales que no se debe suspender "automáticamente" a un magistrado por el simple hecho de que se haya admitido a trámite una querella contra él. Casallo considera que la medida no queda justificada ni siquiera en el caso de que el magistrado haya cometido delitos en el ejercicio de su cargo, como por ejemplo la prevaricación.

El ministerio público defiende que la suspensión debería producirse solo cuando el magistrado sea procesado. Recuerda además que esa es la práctica que el CGPJ ha seguido tradicionalmente y que solo se la ha saltado cuando la querella ha sido presentada o apoyada por la fiscalía. En este caso, el ministerio público se ha opuesto a la admisión de las tres querellas que tramita el Supremo contra Garzón --por investigar los crímenes del franquismo, por la subvención de unos cursos que impartió en Nueva York y por ordenar escuchas de la trama Gürtel en prisión-- con un mismo argumento: los hechos imputados no constituyen un delito.

ARGUMENTOS Lo más probable es que el CGPJ tampoco atienda a este informe del fiscal, que exige que Garzón siga en su puesto para no dañar "las garantías de independencia e inamovilidad, exigencias precisas y necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional". También sostiene que el hecho de que el juez siga trabajando no produce "daños al funcionamiento de la administración de justicia" ni pone en "peligro la confianza que los ciudadanos deben tener en la justicia como valor esencial del Estado de derecho".

El Poder Judicial puso en marcha el proceso para suspender al magistrado el pasado 9 de febrero a instancias del juez Luciano Varela, miembro del Tribunal Supremo e íntimo amigo de la vocal Margarita Robles, que instruye la querella por los crímenes del franquismo.

La comisión permanente del CGPJ, en la que participa Robles, decidió activar este proceso sin esperar a que el alto tribunal procese al juez. Esas prisas han causado un gran malestar en la carrera judicial y una montaña de apoyos al juez Garzón.