Apenas un mes después de ser absuelto de un delito de enaltecimiento del terrorismo, el exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por intentar construir un polo soberanista siguiendo órdenes de ETA. Así lo plantea la fiscalía en el escrito de acusación que ha dirigido a la Audiencia Nacional y que imputa también por integración en la banda a otros siete miembros de la izquierda aberzale, entre ellos, Rafa Díez Usabiaga, veterano sindicalista de LAB, y Miren Zabaleta, hija del coordinador de Aralar Patxi Zabaleta.

Lo curioso es que la acusación se centra en el impulso de una "alianza independentista" que, en la práctica, está actuando sin limitaciones legales desde que, el pasado junio, Batasuna, EA y AB rubricaron un documento conjunto en el palacio de Euskalduna, en Bilbao. En septiembre, Aralar se sumó a la entente en la llamada Declaración de Gernika, que aúna a todas esas fuerzas.

El ministerio público sostiene que Otegi y sus compañeros, que fueron detenidos el 13 de octubre del 2009, intentaron refundar Batasuna a través del proyecto Bateragune (todos juntos) y, a la luz de los documentos requisados a la banda, "bajo control de ETA". El fiscal subraya que la tarea de Bateragune era "llevar la confrontación política al punto más álgido". Añade también que Otegi se reunió con etarras y reprodujo en intervenciones públicas y escritos los objetivos fijados por ETA.

La presentación del escrito de la fiscalía coincidió con la confirmación por parte de Txelui Moreno de que, a finales de mes, la izquierda aberzale llevará al registro los estatutos de una nueva fuerza política. A la espera de un comunicado de ETA, aseguró que la nueva marca dejará claro el rechazo a la violencia.

Horas después, las autoridades francesas informaron del hallazgo de un zulo cerca de Toulouse con varios bidones con, al parecer, material que se suele utilizar para hacer explosivos.