La Fiscalía General del Estado ultima una demanda inminente de ilegalización contra el Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK) después de que la Guardia Civil haya constatado que tiene en nómina a más de 40 dirigentes de Batasuna.

Fuentes fiscales han señalado que la información de la Guardia Civil afecta sobre todo a EHAK, que tiene grupo parlamentario en la Cámara vasca, ya que se ha descubierto que este partido paga salarios a entre 40 y 50 dirigentes de Batasuna. Entre ellos se encuentran Juan Cruz Aldasoro, Angel María Elkano, Joseba Permach y Marije Fullaondo. Los cuatro están en prisión por integrar la mesa nacional de Batasuna.

El juez Baltasar Garzón reveló, en diciembre, que Fullaondo fue contratada por EHAK en julio y que había recibido en octubre más de 20.000 euros de esta fuerza. Los pagos se descubrieron en el registro efectuado en octubre en unas oficinas de Usurbil (Guipúzcoa), tras la detención de la mesa nacional de Batasuna.

Fuentes fiscales han afirmado que con estos datos es posible instar, en breve --incluso la próxima semana--, la ilegalización de EHAK en el Tribunal Supremo. También se puede solicitar la suspensión de sus actividades ante el juez Baltasar Garzón. Las fuentes han revelado que las demandas basarán su petición en el hecho de que EHAK "ha financiado a una organización terrorista, Batasuna".

Sin embargo, hay más iniciativas. La Policía y la Guardia Civil ultiman un informe sobre los vínculos de ANV con Batasuna para antes de febrero y que servirá de base para instar, ante el Supremo, su ilegalización. Hasta ahora se ha podido concretar que ANV mueve dinero a una cuenta, pero no se sabe el destino que ha dado a los fondos, aunque se sospecha que han sido entregados a Batasuna.